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La Justicia europea avaló este jueves la ley de amnistía para los implicados en el intento de secesión de Cataluña de 2017, un fallo que representa un respaldo para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un momento de debilidad política.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que "el Derecho de la UE no impide esa ley de amnistía", al considerar que la norma busca reducir las tensiones institucionales y políticas y favorecer un escenario de reconciliación.
La ley, aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024, generó una fuerte división política y social. Además, fue clave para que Pedro Sánchez lograra su reelección a finales de 2023, gracias al respaldo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, celebró el fallo y afirmó que "ya no hay duda" de que la ley es compatible con el derecho europeo. Añadió que, pese a las críticas que recibió, "ha merecido la pena" por los efectos de normalización política en Cataluña.
En la misma línea, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, calificó la decisión como "una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia", al considerar que la amnistía abre un futuro de esperanza para la región.
El Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición, sostuvo que el fallo no exime la responsabilidad de quienes impulsaron el proceso independentista de 2017 y reiteró su petición de que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas.
Aunque el Gobierno estimó que cerca de 400 personas serían beneficiadas por la amnistía, algunos de los principales líderes independentistas, incluido Carles Puigdemont, aún no pueden acogerse a ella.
El Tribunal Supremo español rechazó aplicar la ley a Puigdemont al considerar que el delito de malversación por el que es investigado afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
Sin embargo, el TJUE sostuvo lo contrario, al señalar que la amnistía por malversación no perjudica los intereses financieros de la UE, un criterio que podría facilitar el eventual regreso de Puigdemont a España, donde todavía pesa sobre él una orden de captura.
No obstante, el líder independentista deberá esperar la decisión del Tribunal Constitucional español, que en los próximos meses determinará si el delito de malversación puede quedar cubierto por la ley de amnistía.
El fallo del TJUE supone un importante respaldo para Pedro Sánchez, cuyo Gobierno enfrenta dificultades por su falta de mayoría parlamentaria, una caída en su popularidad y varios escándalos de corrupción que salpican a personas de su entorno.
Además, Junts per Catalunya ha endurecido su posición frente al Ejecutivo al considerar que algunos de los acuerdos alcanzados con los socialistas, entre ellos la aplicación plena de la amnistía a Puigdemont, aún no se han cumplido.
El ministro Félix Bolaños insistió en que la ley solo habrá cumplido plenamente su objetivo cuando también beneficie a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista, algo que, dijo, espera que ocurra "lo antes posible".