Parlamento de Cataluña aprueba declaración de inicio de ruptura con España

El parlamento de Cataluña, con mayoría absoluta para los independentistas, aprobó este lunes una resolución para lanzar un proceso de secesión en esta región del noreste de España con el objetivo de proclamar en 2017 una república independiente.

Los dos grupos independentistas de la cámara aprobaron con 72 votos a favor y 63 en contra una resolución donde declaran el inicio del proceso de creación del estado catalán" que no "se supeditará a las decisiones del Estado español".

Una vez terminada la votación, los independentistas se pusieron en pie para un largo aplauso mientras los diputados del Partido Popular que gobierna en España se alzaron mostrando banderas de Cataluña y de España.

"Damos inicio a un nuevo Estado (...) Esto ya no tiene freno", aseguró durante el debate parlamentario el diputado Raül Romeva, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí del presidente en funciones Artur Mas.

Tras las elecciones regionales del 27 de septiembre obtuvieron 62 diputados que, junto a los 10 escaños obtenidos por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, les sirvieron para aprobar esta resolución fuertemente discutida por la oposición.

"Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años", aseguró la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos. "Esto tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes", añadió.

De hecho, a pesar de la mayoría parlamentaria, los independentistas solo obtuvieron un 48% de los votos emitidos en las últimas elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la negativa del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum.

Los socialistas lo calificaron como "un auténtico disparate" que dificulta todavía más el diálogo con las instituciones españolas, mientras que el Partido Popular en la región les advirtió que "están poniendo en riesgo" el autogobierno de la región, con amplias competencias en materias como educación, sanidad o educación.

Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy anunció que impugnará de inmediato la resolución ante el Tribunal Constitucional. Su aceptación a trámite por parte del tribunal implicaría su suspensión automática.

Sin embargo, la propia resolución advierte de que el parlamento regional no se supeditará a las decisiones de este Tribunal. En esta situación, el gobierno español advirtió de la posible inhabilitación de cargos públicos o, incluso, evoca la suspensión del autogobierno regional.