Guatemala lanza plan de protección a defensores de DDHH
El plan fue elaborado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2014 condenó a Guatemala por la inacción para esclarecer el asesinato diez años antes de Florentín Gudiel.
Guatemala lanzó este jueves una política de protección de personas defensoras de derechos humanos al acatar una sentencia de la justicia interamericana por el caso de un activista asesinado en 2004, informó el gobierno.
El plan fue presentado por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien ha criticado que la fiscalía y organizaciones de derecha promuevan investigaciones contra activistas, periodistas, líderes indígenas y exfuncionarios anticorrupción, muchos de ellos en el exilio.
"Este documento (...) debe ser una herramienta que le dé al Estado los mecanismos para proteger efectivamente a quienes defienden los derechos de las personas en todos los ámbitos de la vida" contra las "amenazas" que provengan de "adentro y fuera" del Estado, dijo Arévalo en un acto en el Palacio Nacional.
Según el gobierno, el plan creará "mecanismos de prevención de riesgos y amenazas", implementará "un sistema de protección integral" y gestionará la "coordinación" entre instituciones estatales "para el acceso a la justicia".
El plan fue elaborado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2014 condenó a Guatemala por la inacción para esclarecer el asesinato diez años antes de Florentín Gudiel, un líder comunitario que buscaba a su hijo José Miguel, secuestrado en 1983 por las fuerzas de seguridad.
"Lo sacaron de su hogar en una calle muy cercana a este Palacio durante una de las épocas más oscuras y brutales de nuestra historia reciente", señaló el mandatario socialdemócrata, al recordar que el secuestro ocurrió durante la guerra civil (1960-1996).
Para la hija de Florentín, Makrina Gudiel, la política servirá para evitar que casos como el de su padre "no se vuelvan a repetir" y para frenar "la violencia cometida contra quienes defienden la vida".
En los últimos años, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada y considerada "corrupta" por Estados Unidos, ha perseguido a exfiscales anticorrupción, periodistas y activistas críticos del anterior gobierno presidido por el derechista Alejandro Giammattei.
Por esa persecución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en 2022 en la lista de países con graves violaciones de derechos humanos, en la que también figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Guatemala salió de esa lista negra en mayo pasado por la apertura de Arévalo a recibir una misión de la CIDH.