Al menos 6 muertos en jornada electoral en Kenia

Al menos seis personas murieron durante la tensa jornada electoral vivida hoy en Kenia, con la repetición de los comicios presidenciales, boicoteados por una oposición que denuncia la falta de credibilidad del proceso.

A pesar de que el líder de la principal formación opositora, la Súper Alianza Nacional (NASA, por sus siglas en inglés), Raila Odinga, pidió a sus seguidores que se quedaran hoy en casa, las protestas han sido de tal dimensión que la Comisión Electoral se ha visto obligada a posponer al sábado la votación en cuatro de los 47 condados del país.

Estas áreas, situadas en el oeste de Kenia, son Homa Bay, Migori, Siaya y Kisumu (la tercera ciudad del país), tradicionales bastiones de la oposición, donde las barricadas y los controles informales impidieron abrir los colegios electorales.

En todo el país, 5.319 de los 40.883 centros de votación no pudieron abrir sus puertas.

Pese a que las autoridades garantizaron condiciones de seguridad a la Comisión, en Kisumu los funcionarios no pudieron siquiera acceder al almacén donde se custodiaban urnas y papeletas, mientras que en Homa Bay ni siquiera acudieron a los colegios ante las amenazas recibidas.

El presidente de la Comisión Electoral, Wafula Chebukati, explicó en rueda de prensa que si el sábado se enfrentan a problemas similares, "la Comisión tendrá que tomar una decisión".

Asimismo, los observadores nacionales denunciaron ataques y robos en zonas de Mombasa y Nairobi, las dos principales ciudades del país.

La respuesta de la Policía, que empleó abundante material antidisturbios y munición real, provocó al menos seis muertos por heridas de bala y decenas de heridos.

La Policía, que considera que "la mayoría del país está en paz", afirmó en un comunicado que las protestas no son más que "incidentes aislados" protagonizados por "bandas de jóvenes".

Circularon imágenes por las redes sociales que mostraban centros de votación de zonas favorables a Odinga totalmente vacíos, mientras que en otras regiones donde la oposición es menos influyente, la votación transcurrió con relativa normalidad.

Esta mañana, el ministro keniano del Interior en funciones, Fred Matiangi, aseguró que no había "ningún problema de seguridad".

Sin embargo, la Policía ha tenido que incorporar a guardas forestales y funcionarios de prisiones, entre otros funcionarios, para completar un dispositivo de 130.000 agentes.

La participación fue sensiblemente baja, incluso en las zonas que apoyan al actual presidente keniano, Uhuru Kenyatta.

La Comisión Electoral anunció los datos de participación al cierre de los colegios (14.00 GMT), que la sitúan en un 48 %, algo que contrasta con el 79,5 % que se registró en los comicios del 8 de agosto.

"Esta vez va a ser más fácil y rápido contar los votos", explicó a Efe un funcionario de la Comisión asignado al colegio Saint George's del distrito de Kilimani, en Nairobi.

Estos datos contrastan con los ofrecidos por la NASA, que asegura que "no se ha llevado a cabo votación alguna en más del 60 % del país" y que en los bastiones del Jubileo, el partido de Kenyatta, la participación fue "inferior al 30 %".

Tras depositar su voto, Kenyatta apeló a la "madurez democrática" de los kenianos para superar lo que calificó de "problema de tribalismo".

Pese a sus palabras, lo que Kenia vive hoy es un pulso en el que la oposición afirma que la abstención es una defensa de la democracia contra la dictadura que supuestamente quiere imponer Kenyatta, cuyos seguidores, sin embargo, han acudido a las urnas con normalidad.

La NASA llamó a boicotear la votación de hoy al considerar que la Comisión Electoral no había llevado a cabo las reformas necesarias para garantizar que no se repitieran las irregularidades que provocaron que el Tribunal Supremo anulara los comicios del pasado 8 de agosto, que se saldaron con la reelección de Kenyatta.

En su mitin de cierre de "no campaña" de ayer, Odinga apeló a "todas las fuerzas progresistas del país" para unirse y conseguir la convocatoria de otras elecciones, esta vez con garantías democráticas, en un plazo de 90 días.