Estados Unidos sanciona a la fiscal general de Nicaragua 'por ser cómplice de la opresión'

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a la fiscal general de Nicaragua Wendy Carolina Morales Urbina "por ser cómplice de la opresión" del mandatario Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, informó este jueves el Departamento del Tesoro.

"La Fiscal General de Nicaragua, en sintonía con el régimen Ortega-Murillo, ha abusado de su cargo para facilitar una campaña coordinada con el fin de reprimir a la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del gobierno sin base legal", afirmó Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, citado en un comunicado.

Las sanciones contra Morales Urbina, designada para el puesto en mayo de 2019 por Ortega, corren a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional.

Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.

Entre estos últimos figuran 222 expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023, a quienes Managua confiscó sus propiedades.

Ortega confirió a la fiscal general "un gran poder" para "determinar quién recibe las propiedades", afirma el Tesoro.

En varias ocasiones "presentó escrituras a nuevos propietarios y declaró que las propiedades ahora estaban destinadas a uso público", además de haberse "apoderado de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales en virtud de una ley explícita para suprimir la libertad de asociación", acusa en el comunicado.

El gobierno del presidente demócrata Joe Biden también la culpa del "despojo de todas las propiedades de los 222 presos políticos" desterrados y de ser una figura "clave" en la estrategia para designar a los miembros de la oposición "como terroristas y bloquear sus recursos financieros".

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de la sancionada que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados