Puerto Rico plebiscita sus futuros lazos políticos con EEUU

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico vota sobre si se convertirá en el 51 estado.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico vota sobre si se convertirá en el 51 estado. / AFP
Afp
11 de junio 2017 - 09:42

Convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, declarar la independencia o mantener el statu quo: los puertorriqueños votan este domingo en un plebiscito no vinculante sobre el futuro político de esa isla en bancarrota.

Unos 2,2 millones de ciudadanos están habilitados para la consulta convocada por el gobernador Pedro Rosselló y boicoteada por sus opositores.

Puerto Rico es una isla caribeña que Estados Unidos arrebató a España en 1898. En 1952 Washington le confirió el estatuto de "estado libre asociado"; lo cual le da algunos derechos en Estados Unidos; como el de la ciudadanía y libre tránsito y también cierta autonomía.

Puerto Rico lleva una década con su economía barranca abajo. La isla vivía de grandes empresas que se instalaban atraídas por las exenciones de impuestos, pero esos beneficios fueron abolidos en 2006 y comenzó la caída libre.

Hoy el 46% de sus 3,5 millones de habitantes vive en la pobreza.

La isla está diezmada por una deuda de más de 70.000 millones de dólares que no puede honrar y el mes pasado cayó en la mayor quiebra de una entidad estadounidense.

Washington pasó a supervisar sus finanzas pero no muestra disposición a rescatar a Puerto Rico; entre otras cosas porque no es propiamente un estados de la Unión.

Rosselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), proclama la "estadidad"; que implica sumarse plenamente a Estados Unidos y quedar en pie de igualdad con los demás estados.

Roselló promueve la "estadidad" porque "la inyección de dinero de parte del gobierno federal resolvería la crisis económica", dijo a la AFP Edwin Meléndez, director del Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad Hunter de Nueva York.

Pero "la mitad de la población, o más, piensa que esto no ocurrirá porque el Congreso es reticente a entregar más dinero", explicó.

Además, Washington no prestará atención al resultado, añadió, "porque el plebiscito no es vinculante (...) y, sobre todo, porque carece de legitimidad" debido al boicot.

La consulta es la quinta desde 1967 y es boicoteada por el Partido Popular Democrático (PPD), que defiende el estatus actual, así como por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que la considera "una farsa".

Los expertos esperan una participación por debajo de los 600.000 votantes, ya que el PPD y el PIP instaron a sus seguidores a no votar.

La consulta comenzará a las 08H00 locales (12H00 GMT) y se extenderá hasta las 15H00 (19H00 GMT). Los resultados se esperan hacia las 22H00 GMT, según autoridades electorales.

Crisis fiscal

Michelle Sierra, partidaria de la anexión plena de Puerto Rico, votó el sábado desde su cama en el Hospital Español de Auxilio Mutuo en San Juan, en un sufragio adelantado que atendió a 12.500 personas que no podían movilizarse.

"Opté por la anexión porque nosotros merecemos un mejor futuro y mis hijos merecen un mejor futuro", comentó la paciente de cáncer a la AFP mientras ejercía su voto.

"Nosotros, como pueblo, necesitamos esa inyección (económica) como los demás estados" para hacer frente a la crisis fiscal, añadió.

Bajo el estatus actual, los boricuas son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que residan en tierra firme.

Los habitantes de la isla pueden entrar y salir libremente de Estados Unidos y ambas economías están estrechamente ligadas.

Pero los puertorriqueños están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto; y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios.

En el último referendo de 2012, la mayoría de los electores se dijo descontenta con el estatuto actual. Pero desde entonces no cambió nada y Rosselló quiere volver a intentarlo.

Las autoridades electorales dijeron que la consulta costará 7,5 millones de dólares. Los opositores critican ese gasto en un contexto de crisis para un referendo que solo tendrá valor testimonial.

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