Carta de Despedida
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Ciudad de Panamá/El Tribunal de Apelaciones de Panamá confirmó las medidas cautelares aplicadas a los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade, rechazando el recurso de apelación presentado en el proceso que se les sigue por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la capacitación de trabajadores.
Con esta decisión judicial, se mantienen las medidas de reporte periódico para López y de depósito domiciliario para Andrade, respaldando así la actuación del juez de garantías.
A Genaro López se le imputan cargos por la presunta comisión de peculado doloso agravado, mientras que Marco Andrade enfrenta cargos por peculado por extensión y blanqueo de capitales.
La investigación penal tiene su origen en una auditoría formal de la Contraloría General de la República, la cual estimó una posible lesión patrimonial de $760,951. Estos recursos corresponden a fondos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) que fueron transferidos a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) con el objetivo específico de financiar programas de capacitación laboral.
Tras conocerse el dictamen de la apelación, Jorge Guzmán, abogado del sindicato Suntracs, destacó que el tribunal de segunda instancia validó los criterios del juez de garantías al aplicar medidas distintas a la detención provisional, permitiendo que los imputados enfrenten el proceso en libertad y bajo depósito domiciliario.
Por su parte, el dirigente sindical Genaro López defendió públicamente la transparencia en la administración de los fondos asignados, argumentando que el uso de estos recursos está rigurosamente normado: "Si hay un dinero que está bien fiscalizado, es el seguro educativo. O sea, tiene un procedimiento y hay un decreto que regula el uso de ese dinero que se entrega", aseguró López.
El dirigente explicó que la organización sindical rinde cuentas de manera trimestral y que dichos informes financieros pasan por un estricto filtro de revisión que involucra al Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL) y a la dirección de auditoría del Ministerio de Trabajo, antes de recibir su aprobación final.