Bolsonaro facilita la compra de armas en Brasil porque 'el pueblo' lo pidió

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió hoy una de sus principales promesas de la campaña electoral y firmó un decreto que flexibiliza la venta de armas a civiles, tal como "el pueblo lo decidió" en un referendo realizado en 2005.

El líder de la ultraderecha brasileña y capitán de la reserva del Ejército hizo alusión a ese referendo de 2005, en el que el 63 % de los brasileños se pronunciaron en contra de que se prohíba la venta de armas a civiles, lo cual en la práctica nunca se cumplió del todo y fue obstaculizado por diversas normativas.

"Como el pueblo soberanamente decidió por ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma", afirmó Bolsonaro, al mostrar el bolígrafo con el que firmó el decreto.

"Infelizmente, en la época, el Gobierno (de Luiz Inácio Lula da Silva) se valió de decretos y normas para negar ese derecho" que la sociedad había "reclamado" en el referendo, apuntó.

La legislación actual permitía la tenencia de armas a mayores de 25 años sin antecedentes penales, con una ocupación lícita, probada capacidad psicológica para su uso y que justificasen su necesidad; lo cual se mantiene en el decreto, que aún así relaja los requisitos y amplia el universo de potenciales compradores de armamento.

La liberación de la venta de armas fue uno de los mascarones de proa de la campaña que llevó a Bolsonaro a ganar las elecciones de octubre pasado, en la que aseguró que esa medida le permitirá a la sociedad ejercer el "derecho a la autodefensa" ante una violencia que cada año causa unas 60.000 muertes, según datos oficiales.

La promesa electoral fue, sin embargo, algo matizada, ya que el decreto no contempla autorizar el porte de armas, como prometía el entonces candidato, sino que se limita a flexibilizar la compra y la tenencia en domicilios o locales comerciales.

Asimismo, establece que la compra de armas sólo será permitida a aquellas personas que demuestren una "efectiva necesidad" y define a priori algunos de esos casos.

Son agentes públicos de las áreas de seguridad e inteligencia, de la administración penitenciaria y militares activos o retirados, así como personas que residan en zonas rurales o urbanas, en ese último caso con índices anuales superiores a diez homicidios cada 100.000 habitantes, lo que abarca a prácticamente todo el país.

También son contemplados los dueños o responsables de comercios e industrias, lo cual es una completa novedad, y los coleccionistas o cazadores.

Las únicas limitaciones son para las residencias en las que haya niños o personas con alguna deficiencia mental, en cuyos casos el potencial comprador de un arma deberá demostrar que posee en su domicilio una caja fuerte o un "lugar seguro" para guardarla.

El decreto establece que quienes se encuadren en esas figuras podrá adquirir hasta cuatro armas de fuego, siempre y cuando tengan más de 25 años de edad y una "ocupación lícita", sean aprobados en cursos psicotécnicos y de tiro, y no tengan antecedentes policiales o procesos pendientes en la Justicia.

Según Bolsonaro, de ese modo se garantiza que "el ciudadano de bien pueda tener paz dentro de su casa" y que el arma pase a ser un factor inhibidor para los delincuentes.

El opositor Partido de los Trabajadores (PT), cuyo candidato presidencial para las elecciones de octubre, Fernando Haddad, pedía distribuir "libros en vez de armas", anunció que se propone acudir a la Justicia para intentar la anulación de esa medida.

"Es un tema que no puede ser objeto de un decreto, porque implica la preservación de la vida", declaró el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara Alta.

Sin embargo, a tenor de lo declarado ya por algunos magistrados, el decreto tendría plena validez legal, pues no altera cláusulas de la Constitución consideradas "pétreas" o intocables.

"Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea", declaró esta semana el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli.