Diputados plantean abrir juicio a magistrados electorales en Paraguay
Asunción/Un grupo de diputados paraguayos de distintos partidos presentará este lunes una acusación contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el objetivo de abrirles un juicio político por su decisión de convocar elecciones en Ciudad del Este, intervenida por el Congreso.
El libelo de acusación entiende que el presidente del TSJE, Jaime Bestard, y los magistrados Elena Wapenka y Alberto Ramírez incurrieron en "mal desempeño" de sus funciones y "prevaricato" por aceptar la renuncia de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, del gobernante Partido Colorado, y convocar elecciones "en pleno proceso de intervención".
El tribunal realizó la convocatoria electoral el pasado martes, mientras en la Cámara Baja se trataba el pedido de intervención de la gestión municipal, que resultó aprobado y que facultó al Gobierno para nombrar a una interventora que sustituirá en su cargo a McLeod, investigada por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
Los diputados sostienen que el TSJE emitió la resolución "en abierta violación del régimen de independencia de poderes, y vulnerando el sistema de equilibrio y recíproco control", por lo que inician con esta acusación el inicio del proceso para la destitución de los tres magistrados que firmaron dicha resolución.
No obstante, el jueves el propio TSJE anuló la convocatoria al entender que la Junta Municipal esteña no tiene un plazo definido para aceptar la renuncia que McLeod presentó el lunes para evitar la intervención, por lo que el "cronograma" electoral se vería "afectado".
El viernes debía abordarse en la Junta local la admisión o no de dicha renuncia, pero la sesión fue suspendida por falta de quórum, al estar ausentes la mitad de los ediles.
Los concejales que no se presentaron a la sesión pretenden que continúe el proceso de intervención de la ciudad con la destitución de la alcaldesa y no su renuncia.
La destitución de McLeod se producirá cuando el Ejecutivo nacional emita la resolución oficial que impondrá a la interventora, una exjueza nombrada esta semana por el presidente Mario Abdo Benítez, y que ocupará el cargo por un plazo mínimo de 60 días.
