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De la Espriella niega tener 'una política de venganza' contra el tribunal de paz de Colombia
Las primeras sentencias del tribunal, anunciadas a mediados del año pasado, sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios a quienes reconocieron su participación y aportaron información para esclarecer crímenes.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, negó el domingo tener "una política de venganza" contra el tribunal de paz de Colombia, tras el recorte millonario presupuestal que propone su bancada en el Congreso.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga y juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de medio siglo.
Alejandro Ramelli, presidente del tribunal nacido del histórico tratado de paz con la guerrilla FARC en 2016 y que De la Espriella prometió desmantelar durante su campaña presidencial, denunció el viernes una "estrategia" de "asfixia económica" del gobierno luego de que un senador oficialista enviara un proyecto para recortar de 230 a 199 millones de dólares el presupuesto de 2026 de este organismo.
"No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe (...) como un régimen de beneficios", dijo De la Espriella en X.
El oficialismo plantea trasladar la suma del recorte millonario planteado para 2027 al sistema ordinario de justicia, que "carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad", según De la Espriella.
"Exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha", agregó el mandatario.
Las primeras sentencias del tribunal, anunciadas a mediados del año pasado, sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios a quienes reconocieron su participación y aportaron información para esclarecer crímenes.
En una primera decisión, la JEP condenó a la cúpula de las FARC a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros.
Luego condenó con una medida similar a un primer grupo de 12 militares en retiro por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de civiles.
