Fiscalía chilena formalizará a 14 policías por dos casos de tortura

La Fiscalía chilena anunció este miércoles que formalizará a 14 agentes de Carabineros por dos casos de tortura, uno de ellos cometido contra un menor de edad, el 21 de octubre pasado en el contexto de las protestas que se registraron en varias ciudades de Chile.

El fiscal regional oriente, Manuel Guerra, explicó a los periodistas que los casos investigados ocurrieron en los barrios santiaguinos de Ñuñoa y La Florida durante el estado de excepción que el Gobierno decretó esos días de conflicto, situación que cedió a las Fuerzas Armadas el control del orden público.

El primer caso, indicó el fiscal, ocurrió en la Plaza Ñuñoa cuando un grupo de agentes antidisturbios de Carabineros le dio una paliza a un manifestante, que sufrió fracturas en la nariz y las costillas y una contusión en un ojo.

Guerra dijo que 12 policías serán formalizados por el delito de torturas en ese episodio, que llegó a manos de la Fiscalía gracias a las imágenes de televisión.

La víctima del segundo caso es un adolescente de 16 años que fue detenido por infringir el toque de queda en el barrio de La Florida, al sur de la capital.

El joven "fue brutalmente golpeado de forma reiterada" por dos carabineros que, apuntó Guerra, están plenamente identificados y serán imputados.

"Estos hechos, a nuestro juicio, también constituyen torturas, si bien las lesiones no son de la entidad de la gravedad de lo que ocurrió en Ñuñoa no dejan de ser importantes", afirmó.

Guerra, que adelantó que la Fiscalía pedirá prisión preventiva para los 14 formalizados, subrayó que las infracciones que pudieron haber cometido los manifestantes no son una "justificación" para ese tipo de "excesos" policiales.

Los 12 policías involucrados en el caso de Ñuñoa podrían ser condenados a penas que van de 5 a 10 años de cárcel, mientras que las condenas para los supuestos agresores del menor comienzan desde los 7 años de prisión.

Las manifestaciones y protestas violentas que se registraron en el país en el marco del estallido social, que empezó el 18 de octubre, dejaron una veintena de fallecidos y miles de detenidos y heridos.

Se han presentado centenares de denuncias por abusos, tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad, y la ONU decidió enviar a un equipo de observadores para documentar posibles violaciones a los derechos humanos.