Insisten en que se procese a la monja argentina por encubrimiento
Un fiscal argentino apeló hoy la falta de mérito dictada a una monja del convento en el que el exsecretario de Obras Públicas José López fue detenido en junio cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares e insistió en que se la procese por encubrimiento.
En un dictamen al que tuvo acceso Efe, el fiscal federal Federico Delgado pidió que la Cámara Federal de Buenos Aires revise la falta de mérito establecida para la monja Inés Aparicio la pasada semana por el juez a cargo de la causa, Daniel Rafecas, quien consideró que no podía inculparla ni sobreseerla porque faltan medidas de prueba.
Delgado, que dirige una investigación contra López abierta hace ocho años por presunto enriquecimiento ilícito, apuntó que "no es comprensible" que la monja no esté procesada por encubrimiento.
Esta petición ya la realizó el pasado 12 de agosto por creer que Aparicio ayudó a introducir el dinero en el monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez, como se veía en un vídeo de las cámaras de seguridad emitido por televisión.
En esta ocasión, el procurador también solicitó al magistrado que otras dos religiosas, María Antonia Casas y Marcela Albin, sean citadas a prestar declaración indagatoria como acusadas por encubrimiento y no en calidad de testigos, como hasta ahora, porque "fueron protagonistas de un segmento de los hechos".
Quien fuera secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) está en prisión preventiva desde el pasado 14 de junio, cuando fue detenido "in fraganti" al intentar ingresar al convento bolsas con 8,9 millones de dólares, además de portar una carabina calibre 22 sin licencia vigente.
Para la Fiscalía, la llegada de López "no tomó por sorpresa" a las religiosas, ya que fue precedida por una serie de llamadas telefónicas, por lo que las tres sabían que el exfuncionario "esa noche pasaría por allí".
Además, "ninguna de ellas llamó a la policía" cuando vieron los bolsos con el dinero y tuvieron una "activa participación" en demorar su respuesta al portero eléctrico ante la insistencia de la policía que durante una hora intentó entrar al convento.
Todo ello demuestra que conocían de antemano las intenciones de López y su esposa y que "decidieron ayudar a ocultar el producto de un delito".
El pasado jueves, Rafecas amplió el procesamiento de López y decidió abrir un proceso penal contra su esposa, Amalia Díaz, y los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, sus presuntos testaferros, al considerar a los tres "partícipes necesarios" en los delitos del exsecretario, aunque optó por no inculpar ni sobreseer a la monja.
López también es investigado por la Justicia argentina en causas por presuntos sobreprecios y beneficios para empresas en las licitaciones adjudicadas durante el kirchnerismo.
