Justicia argentina revisa protocolo de Milei contra los cortes de calles en protestas

El protocolo en Argentina para evitar cortes de calles en protestas está bajo revisión judicial tras dos años de incidentes entre policías y manifestantes, luego de un fallo que lo anuló y la apelación del gobierno de Javier Milei que por ahora lo mantiene vigente.

El denominado "protocolo antipiquetes", aplicado desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, habilita a despejar la vía pública por la fuerza en manifestaciones y ha generado incidentes con heridos graves, incluidos jubilados y periodistas.

El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto el lunes la resolución ministerial por considerar que limita el derecho a la protesta y el de reunión.

Estos derechos "sólo pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional", objetó en su fallo en respuesta a una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de otras organizaciones de derechos humanos y sindicales.

"Este es un triunfo colectivo", celebró Amnistía Internacional, una de las querellantes.

El gobierno de Milei apeló el fallo este martes, por lo que el juez suspendió los efectos de la anulación hasta que se pronuncie el tribunal de segunda instancia.

"Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8.000 piquetes anuales, como ocurría en la gestión anterior", dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los "piquetes" o cortes de calles y rutas se volvieron una forma habitual de protesta en Argentina desde la crisis de 2001.

Al inicio de su mandato, Milei devaluó el peso más de un 50% y llevó a cabo una drástica reducción del gasto público que incluyó eliminar subsidios en áreas como transporte, salud y educación, así como el despido de miles de funcionarios públicos.

Con estos recortes, el gobierno redujo la inflación y logró superávit fiscal en 2024 y en lo que va del año, lo que no se conseguía desde 2010.

Sin embargo, sus primeros dos años de gobierno estuvieron marcados por protestas semanales de distintos sectores afectados por los ajustes, entre ellos jubilados, estudiantes, médicos, científicos y organizaciones sociales y sindicales.