La Justicia limita el fuero que protege a los parlamentarios investigados en Brasil

La Corte Suprema de Brasil decidió hoy, por 11 votos a favor y ninguno en contra, que el fuero privilegiado que protege a los parlamentarios investigados penalmente tan sólo tiene validez para los crímenes cometidos en el ejercicio del mandato y en razón de las funciones desempeñadas.

La decisión unánime de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) permite a la Corte Suprema enviar a jueces de primera instancia centenas de procesos contra senadores y diputados federales por crímenes cometidos antes de que los acusados iniciaran sus mandatos y que están paralizados desde hace varios meses.

Actualmente, gracias al amplio alcance del fuero privilegiado, tan sólo la máxima corte puede juzgar a miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, incluso cuando son imputados por crímenes ocurridos antes del inicio de sus mandatos y ajenos a su cargo.

Según un estudio de la Fundación Getulio Vargas, mientras que un juez de primera instancia puede concluir un proceso y dictar sentencia contra un acusado en pocos meses, la Corte Suprema demora en promedio 662 días para decidir si acepta o no una denuncia penal contra un aforado y otros 945 para juzgarlo.

Pese a que la restricción del fuero para los parlamentarios fue aprobada por unanimidad por los 11 magistrados del Supremo, 7, que constituyeron la mayoría, decidieron que a la máxima corte sólo llegarán los procesos contra parlamentarios por crímenes cometidos durante su mandato y relacionados con su función.

Los otros 4 magistrados, derrotados por la mayoría, defendían que el fuero privilegiado de los parlamentarios valiera para todos los crímenes cometidos durante el mandato sin importar si estaban relacionados o no a su función.

La histórica decisión, que puso fin a un juicio de casi tres años, obligará a la propia Corte Suprema a realizar una verificación de todos sus procesos contra parlamentarios para determinar cuáles permanecen en el Supremo y cuáles serán enviados a tribunales inferiores, para que puedan ser juzgados con más rapidez.

En caso de que un magistrado tenga dudas sobre alguno de los procesos, podrá solicitar un parecer de la Procuraduría General de la República.

Actualmente tramitan en el Tribunal Supremo 540 investigaciones o juicios contra parlamentarios con fuero privilegiado, en su gran mayoría por crímenes como corrupción pero también por crímenes comunes sin relación con la función parlamentaria, incluso por homicidio.

Los magistrados también decidieron que un juicio contra un legislador seguirá en manos del Supremo cuando el acusado, ante la inminencia de que será condenado, renuncia a su mandato para que el proceso sea enviado a otro tribunal con el objetivo de atrasar la administración de Justicia.

Pese a que el magistrado José Antonio Dias Toffoli propuso a última hora que la restricción al fuero fuese extendida a todas las autoridades que gozan de este privilegio, como ministros, alcaldes, gobernadores, magistrados, legisladores regionales, concejales y hasta el presidente, los demás miembros se abstuvieron de votar un asunto que no había sido discutido durante el juicio.

Actualmente unas 22.000 autoridades brasileñas cuentan con fuero, un privilegio que tan sólo fue restringido para los 513 diputados y los 81 senadores.

La Corte Suprema de Brasil ha sido blanco de duras críticas por su demora en juzgar a decenas de parlamentarios salpicados por la llamada Operación Lava Jato, como es conocida la mayor investigación contra la corrupción en Brasil y que destapó una gigantesca red que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras.

El juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba y responsable por el juicio de la Lava Jato en primera instancia, ha dictado condenas contra cerca de 100 acusados de los desvíos y ha mandado a la cárcel a decenas, incluyendo los principales ejecutivos de las mayores constructoras brasileñas.

La Corte Suprema, por su parte, hasta ahora no ha juzgado ninguno de los 83 procesos abierto por la Fiscalía contra aforados implicados en los desvíos de Petrobras.