Testigos de Rousseff niegan fraude en las cuentas públicas

Rousseff busca un pacto para evitar impeachment en Brasil / AFP
Efe
15 de junio 2016 - 11:59

La comisión del Senado brasileño a cargo del juicio político contra la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, escuchó hoy a los primeros testigos presentados por su defensa, que negaron que se haya cometido un fraude en unas maniobras fiscales realizadas en las cuentas públicas.

La defensa de Rousseff convocó hoy al ex secretario adjunto de la Casa Civil (Presidencia) Gilson Bittencourt y al exsecretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura André Nassar para responder las cuestiones de los senadores que analizan el proceso contra la mandataria suspendida.

Bittencourt se refirió a los multimillonarios atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el estatal Banco do Brasil para cubrir los recursos destinados a unos planes de apoyo al sector agrícola y que figuran entre los argumentos usados para iniciar un proceso de destitución contra Rousseff.

Según la acusación, los reiterados atrasos de esos depósitos acabaron generando costosos intereses al Estado y configurando una "operación de crédito" con el banco público, lo que está prohibido por las leyes brasileñas.

El exsecretario, en cambio, negó que se tratara de una operación de "crédito" y sí de una "prestación de servicios" e insistió en que, a pesar de la legalidad de la operación, Rousseff no participó directamente en el "acto", cuya responsabilidad atribuyó al Ministerio de Hacienda.

El argumento de los testigos de la defensa fue en la dirección contraria al presentado la víspera por dos auditores convocados por la parte acusadora, quienes confirmaron las irregularidades fiscales en las que supuestamente incurrió Rousseff.

Además de los créditos agrícolas, las acusaciones sostienen, que entre 2013 y 2015, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo y subsidios a familias más pobres.

Esos atrasos generaron multimillonarias deudas, que acumularon abultados intereses y fueron omitidas de los resultados presentados por el Gobierno en los últimos años, lo cual configuró un "fraude", según dijo la víspera el secretario de Control Externo del Tribunal de Cuentas del Estado, Tiago Alvez Dutra.

En medio de las divergencias entre la parte acusadora y la defensa de Rousseff, el Supremo autorizó hoy que expertos en finanzas públicas del Senado hagan una nueva auditoría de las cuentas de su Gobierno para confirmar si incurrió en las irregularidades que justificaron el proceso.

La decisión de realizar el nuevo análisis fue tomada por el presidente de la máxima corte, Ricardo Lewandowski, quien acogió un recurso de la defensa de la mandataria que había sido negado inicialmente por la comisión del Senado.

La fase procesal del juicio contra Rousseff concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución o no de la mandataria.

Ese documento será sometido entre los días 1 y 2 de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue en la Cámara alta.

Si así fuera, la Corte Suprema convocará al pleno del Senado para una última sesión, que sería a mediados de agosto, en plenos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

A pesar de la extensión del proceso, la senadora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y contraria al proceso contra Rousseff, afirmó hoy que la comisión es "un juego de cartas marcadas" y que la decisión de destituirla definitivamente "ya está tomada".

En ese sentido, Rousseff recibió hoy a un grupo de periodistas, insistió en que es víctima de un "golpe" y reiteró que estaría a favor de unas nuevas elecciones generales, si fuera necesario para ponerle fin a la crisis política del país.

La presidenta fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo por el Congreso y sustituida por su entonces vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si Rousseff finalmente es destituida.

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