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Caracas, Venezuela/La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedirá al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que verifique la excarcelación de 626 presos llevadas a cabo por su gobierno, en medio de denuncias de familiares y oenegés por la lentitud del proceso de liberación.
Rodríguez gobierna de forma temporal tras la caída de Nicolás Maduro, de quien era su vicepresidenta, en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un juicio en Nueva York por narcotráfico.
Desde entonces, Rodríguez dio un giro a la relación con Washington con acuerdos petroleros y se comprometió a liberar presos políticos.
“Ya basta de mentira”, exclamó Rodríguez, quien anunció el viernes 626 excarcelaciones en el país.
El gobierno ofrece un total desde diciembre que contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas, contabiliza 269 liberaciones en el mismo periodo.
Más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según Foro Penal.
Los familiares denuncian un proceso lento desde el 8 de enero, cuando se produjo el anuncio oficial de un “número importante” de liberaciones. Decenas de ellos se agolpan a las afueras de las prisiones para ver a sus allegados salir de los calabozos.
El lunes “tendré una llamada telefónica con el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk”, y “le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela”, dijo Rodríguez, quien evita llamarlos presos políticos.
Las relaciones entre el gobierno venezolano y el alto comisionado de la ONU han sido conflictivas desde hace años. La ONU ha denunciado violaciones de derechos humanos, acusaciones que el gobierno rechaza.
“¡Que los liberen!”, pidió el viernes Milagros López, hermana de Juan Iriarte, frente a la temida cárcel del Helicoide, sede del Sebin, en el centro de Caracas.
Su hermano lleva 19 meses detenido y pasó 15 meses en el Helicoide antes de ser trasladado a otra prisión.
Una treintena de familiares de presos políticos exigieron su libertad frente a esta cárcel, que oenegés denuncian como un centro de torturas.
Adriana Abreu, de 30 años, viste una camiseta con la imagen de su esposo Guillermo López, jefe de campaña del partido de María Corina Machado en Trujillo, detenido desde hace dos años.
Con voz temblorosa relató que recorre 16 horas en autobús para llegar a Caracas. “Guillermo se ha perdido la vida de nuestro hijo, que apenas tiene cuatro años”, contó entre lágrimas.
Yarelis Salas murió “esperando justicia” por su hijo Kevin Orozco, preso político, denunció la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.
En el centro de Caracas, miles de seguidores de Maduro marcharon por su liberación, en una movilización casi diaria desde su captura.
Este viernes 23 de enero, conmemoraron la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1958) y reclamaron la libertad de Maduro y Cilia Flores.
“Los queremos de vuelta”, se leía en una pancarta cerca de la Plaza O’Leary.
“Su captura fue algo ilegal e injusto”, afirmó Marlene Blanco, contadora de 65 años.
“Traer de vuelta al presidente Maduro y a Cilia será nuestro mayor triunfo”, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a la televisión estatal.
Cabello ratificó que Rodríguez “tiene todo el apoyo del partido de gobierno para seguir avanzando”.