Iniciativa legislativa busca dar arresto domiciliario a personas detenidas por corrupción

Una propuesta de ley busca sacar de prisión a quienes estén detenidos preventivamente, entre ellos los que están siendo investigados por robar millones de dólares al Estado.

La propuesta no ha sido prohijada aún y ya genera polémica.

La idea de la diputada suplente Ana Irene Delgado es que se envíe a arresto domiciliario a quienes están en detención preventiva, excepto los investigados por ciertos delitos, como los de lesa humanidad, mientras dure el estado de emergencia por el coronavirus, más dos meses adicionales.

Los que están imputados por el desvío ilegal de millones de dólares públicos, es decir, corrupción, serían beneficiados.

“Hemos incluido ese tipo de delitos porque las celdas están contaminadas. No es para hacer ninguna excepción con unos delitos o los otros. Es un tema de carácter humanístico”, explicó Delgado.

Desde el gremio de abogados tienen sus reservas sobre una propuesta como esta.

“Debe considerarse inviable. Definitivamente es contraproducente. Una persona que tiene detención provisional es para evitar que se fugue y preservar la vida a otras personas”, opinó el abogado, Ernesto Cedeño.

Otros abogados plantean que la polémica sobre este proyecto debe llevar también a la discusión sobre cómo el Estado está garantizando la vida de quienes están en prisiones.

“La medida que nosotros conceptualicemos que el Estado es responsable de garantizar la vida de todos los privados de libertad, habría que encontrar la respuesta en si los centros penitenciarios mantienen las condiciones necesarias para garantizar la vida a cualquier privado de libertad”, declaró el abogado, Juan Carlos Araúz.

En detención preventiva por corrupción hay decenas de personas, algunas de ellas investigadas por casos como New Business o Pandeportes. Millones de dólares públicos perdidos en los últimos dos gobiernos.

“El Sistema Penitenciario debe establecer los cercos penitenciarios adecuados, respetar los derechos humanos y dar la atención que se merece el privado de libertad. Pero nunca abrir las cárceles para que haya una especie de fuga colectiva, poniendo en riesgo la seguridad de un proceso”, añadió Cedeño.

En países como Colombia también se han aplicado medidas como estas. Pero allá no son beneficiados los que están en cárcel por delitos contra menores, de guerra, violencia sexual los de lesa humanidad, ni los que están por corrupción.

Si se aprueba la propuesta, aquí la historia sería otra.