Ministerio Público pide a Contraloría una nueva auditoría a Pandeportes

El Ministerio Público pide a la Contraloría auditar nuevamente al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Solicitan que se determine las “incorrecciones” encontradas en la primera auditoría sobre fondos entregados a organizaciones deportivas.

Hay quienes señalan que la posibilidad que la impunidad pueda reinar en el caso de Pandeportes toma cada vez más fuerza.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Contraloría que realice una nueva auditoría de los fondos públicos entregados a organizaciones deportivas, muchas de ellas vinculadas a diputados, porque en la entregada hacen falta elementos importantes para determinar si existió una lesión patrimonial.

“Que se llegue a las últimas instancias o se gasten todos los recursos para tratar de llegar de manera correcta al final de la investigación. Que al final se pueda saber qué pasó con el dinero”, manifestó Diego Castillo, presidente del Comité de Atletas.

“Está obligada, la Contraloría no tiene forma de incumplir esta exigencia. Es una instrucción que el Ministerio Público necesita para complementar la justicia y que no se vea obstaculizada por el funcionamiento de la Contraloría”, apuntó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados.

El Ministerio Público señala que en la auditoría que entregó la Contraloría no se investigaron todas las organizaciones; no se consideró la información ofrecida por el Ministerio Público sobre Pandeportes tras allanamientos, y tampoco abordó el tema de los miles de implementos pagados que los supuestos beneficiados aseguran que no fueron entregados.

“Se han diseñado arquitecturas de impunidad y de robo. No es solo un caso en que la arquitectura de impunidad ha hecho que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otras instituciones del gobierno se hacen la vista gorda”, afirmó el excontralor de la República, José Chen Barría.

La Contraloría indica en un comunicado que en la auditoría anterior se aportan el sustento y la estructura necesaria para que el Ministerio Público inicie los procesos requeridos.