Antai sanciona a jefe de recursos humanos del Miviot con multa del 35% de su salario

ANTAI capacitará a alcaldes y representantes de Veraguas en Transparencia, Ética y Auditorías Sociales. Foto/Archivo
Sede de Antai.

Con una multa del 35% del salario, fue sancionado el jefe de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), José Ruiloba Pineda, por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) “por incurrir en una conducta que afecta la buena marcha del servicio público”.

La sanción contra Riuloba, se dio luego de que la Antai, abriera un proceso administrativo, a raíz de un audio en donde el funcionario exigía a sus colaboradores darle likes a las publicaciones que, hacia el ministro de esta cartera, Rogelio Paredes, pidiendo posteriormente disculpas por lo realizado.

El pasado mes de agosto el Miviot, determinó la suspensión del cargo a Ruiloba, sin derecho a salario, estableciéndose una comisión para evaluar la falta y las posibles consecuencias.

La Contraloría de la República tiene registrado el salario de Ruiloba como jefe de personal de Miviot en 5 mil dólares

Otras sanciones

En tanto, un juez de Paz del distrito de San Miguelito, también fue sancionado con una multa de un 20% de su salario.

Asimismo, y un representante de corregimiento de la provincia de Veraguas, por incumplimiento al Derecho de Acceso a la Información, fue sancionado con el 10% de su salario como multa.

Esto basado en el artículo 40 de la Ley 33 del 25 de abril de 2013 que otorga a la ANTAI la potestad de aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% de su salario mensual.

Adicional a la sanción pecuniaria, ANTAI consideró oportuna la acción de la autoridad nominadora al aplicar un proceso disciplinario interno y exhortó a todas las instituciones del Estado a hacer cumplir el reglamento interno en cada una de sus instancias.

Nuevamente la entidad reiteró el llamado a los servidores públicos a cumplir con la Ley 6 de Transparencia y la Ley 33 que crea la ANTAI en el cumplimiento al derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.

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