Tribunal de Apelaciones decidirá sobre caso de robo a la DGI el martes 23 de octubre
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá dará a conocer el próximo martes 23 de octubre su decisión en el caso de robo en la Dirección General de Ingresos (DGI), ocurrido el 20 de diciembre de 2016.
La decisión será anunciada a las 4 de la tarde en la Sala 10 del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora. En este caso también se presentaron cargos por posesión ilícita de armas de fuego.
“Durante la audiencia, las defensas presentaron sus argumentos en base a su desacuerdo por la pena de 24 años de prisión y 6 meses, a Alexander Jaramillo y Jhony Davis Romero, como autores de los delitos de robo agravado y posesión ilícita de armas de fuego, impuesta por el Tribunal de Juicio del Primer Distrito Judicial, mediante la sentencia N° 151, argumentando que son delincuentes primarios, por lo que solicitaron se aplicara la pena mínima”, detalló el Órgano Judicial en un comunicado.
El Ministerio Público pidió un aumento de pena para Joel Ledezma, a quien le impusieron la pena de 16 años y 6 meses de prisión, culpable por el delito de robo agravado, por considerar que es reincidente y tiene una sentencia previa, y solicitó que se confirmara la pena de 24 años de prisión y 6 meses a Alexander Jaramillo y Jhony Davis Romero, como autores de los delitos robo agravado y posesión ilícita de armas de fuego.
En la lectura de la sentencia, el pasado 5 de octubre, producto de un veredicto de culpabilidad en los delitos de robo agravado y posesión de armas, emitido por un jurado de conciencia, el Tribunal de Juicio estableció dichas penas que fueron apeladas tanto por las defensas, como por el Ministerio Público.
Durante el robo, los condenados robaron las oficinas de la DGI llevándose más de 11 millones de dólares en dinero en efectivo y cheques. Durante el robo fue asesinado un sargento de la Policía Nacional. Sin embargo, no se ha determinado quien fue el culpable del homicidio, por lo que solo se han dado condenas por robo y posesión ilícita de armas.
En este caso, el Ministerio Público estuvo representado por Emeldo Márquez de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio; participaron el abogado querellante de la Policía Nacional, Antony Fernández; los abogados particulares, Martín Caicedo y Daniel Ramírez; y el defensor público, Julio Campines.
