Cámara de Comercio considera razonable evaluar negociación sobre Cobre Panamá y exige claridad y transparencia
La semana pasada, la comisión interministerial entregó sus recomendaciones sobre la auditoría de la mina al presidente José Raul Mulino, quien ha dicho que se tomará su tiempo para analizarlo.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideró razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de un acuerdo sobre Cobre Panamá que permita resolver los arbitrajes pendientes y una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado. Sin embargo, pidió definir las condiciones jurídicas, ambientales y económicas antes de adoptar una decisión definitiva.
En su pronunciamiento, firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio calificó como una “ruta balanceada” la recomendación del informe final que la Comisión Interministerial entregó al presidente de la República el 30 de septiembre sobre el sitio minero de Donoso.
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“Desde la Cámara consideramos que la recomendación presenta una ruta balanceada. No plantea regresar al modelo anterior, pero tampoco desconoce las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener indefinidamente el sitio en su condición actual”, se lee en el comunicado.
Añade que “consideramos razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esa etapa permitirá conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva”.
Barría asegura que desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá “hemos mantenido una posición consistente. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, señalamos la necesidad de atender el sitio con responsabilidad técnica y ambiental. Solicitamos información independiente, transparencia y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar sus costos a los panameños”.
Según el gremio, la propuesta contempla evaluar un acuerdo para resolver los arbitrajes y permitir una puesta en marcha destinada a un cierre ordenado, autofinanciado, sin prórroga y en acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara citó las estimaciones del informe, según las cuales un cierre sin acuerdo costaría entre $2,600 millones y $3,400 millones durante un período de 17 a 19 años.
A esa situación se suman reclamaciones arbitrales por al menos $27,000 millones, que, según el pronunciamiento, no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.
“Estas cifras no determinan el camino, pero sí sus implicaciones. Si los costos recaen sobre el Estado, comprometen recursos destinados también a educación, salud, infraestructura y otras prioridades”, advirtió.
Condiciones antes de decidir
Entre los aspectos pendientes, la Cámara mencionó la figura jurídica y su compatibilidad con el fallo y la Ley 407, el régimen fiscal, la participación del Estado y el alcance de cualquier operación.
También pidió precisar la fecha y las garantías de cierre, la terminación de los arbitrajes y los mecanismos de fiscalización ambiental y rendición de cuentas.
La transparencia no puede ser un requisito más. Debe acompañar todo el proceso: desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada etapa”, sostuvo.
La Cciap añadió que deberán asegurarse oportunidades para las comunidades directamente impactadas, los trabajadores y las empresas panameñas, además de fortalecer las capacidades de los municipios.
“La decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá”, expresó.