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Defensoría del Pueblo: No hay evidencia de que se negó tratamiento médico a pacientes con leishmaniasis

Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo / Cortesía

Luego de las investigaciones que realizó la Defensoría del Pueblo por la supuesta vulneración de derechos por casos de leishmaniasis aparecidos en la provincia de Bocas del Toro, se concluye que no existen suficientes elementos que indiquen que personal del Ministerio de Salud (Minsa), se haya negado a brindar tratamiento a los pobladores afectados por la enfermedad.

En cambio, la Defensoría destacó que existe un criterio de los tecnólogos médicos que realizan los exámenes y son los autorizados para emitir el diagnóstico de las personas infectadas por la leishmaniasis.

Sin evidencia de supuestas esterilizaciones

Sobre las supuestas esterilizaciones forzadas en la región, la Defensoría inspeccionó los hospitales e instalaciones de salud del Minsa y de la Caja de Seguro Social en la provincia, también entrevistó a los directores médicos, pacientes y personal de salud, sin encontrar evidencia de esterilización forzada en mujeres.

El informe señaló que en los hospitales de Bocas del Toro se realizaron 146 procedimientos de salpingectomía en el año 2019; el 2020 se efectuaron 285 y en 2021 un total de 388 procedimientos. El Minsa reafirmó que ningún procedimiento de salpingectomía se realiza sin el consentimiento informado de la paciente.

La Defensoría del Pueblo, en su investigación in situ remitió cuestionarios al Minsa y a la CSS, los cuales fueron contestados por ambas entidades; también entrevistó a líderes de la comunidad, a una vocera de las supuestas víctimas de esterilización forzada, visitó las instalaciones de salud y las mujeres supuestamente afectadas por la esterilización forzada, entrevistó a directores regionales de salud, a directores médicos de los hospitales y centros de salud, entre otros.

En su resolución final de esta investigación, la Defensoría instó al Minsa y a la CSS a que continúen promoviendo, desarrollando e implementando proyectos y políticas públicas en materia de maternidad y paternidad responsable, así como en planificación familiar.

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