Embajador de EEUU destaca decisión de la Corte Suprema sobre Panama Ports

Ciudad de Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, calificando el fallo como una reafirmación enérgica del Estado de derecho en el país.

Según el diplomático, la determinación de la Corte Suprema de Justicia confirma la independencia del Órgano Judicial y su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la defensa del interés público.

“Exige a los operadores privados que rindan cuentas”, señaló Cabrera, al referirse al alcance institucional de la decisión.

El embajador destacó que el fallo fortalece tanto la seguridad nacional como el clima de inversión en Panamá, al promover previsibilidad, imparcialidad y confianza en el marco legal.

Indicó además que los inversionistas pueden corroborar que los contratos válidos son protegidos y que aquellos que resultan inapropiados son corregidos, lo que, a su juicio, hace al país más atractivo para inversiones de calidad y de largo plazo.

🔗También puedes leer: Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato de Panama Ports

Cabrera subrayó que la decisión abre la puerta a una revisión de la gobernanza portuaria y a la implementación de procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial, capaces de generar innovación, eficiencia y empleos de calidad, reforzando el rol de Panamá como un centro logístico líder en la región.

“Respetamos el derecho de Panamá para regular y proteger su infraestructura crítica bajo sus leyes. Este resultado potencia la integridad del marco legal de Panamá y contribuye a un crecimiento económico sostenible basado en reglas”, expresó el embajador.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a PPC durante una sesión ordinaria celebrada el jueves 29 de enero de 2026, tras una amplia deliberación sobre dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada No. 17547-2025, de acuerdo con un comunicado oficial del Órgano Judicial.

El fallo dejó sin efecto tanto la ley como los actos que sustentaban la concesión, la cual permitía a la empresa el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de terminales portuarias de contenedores, carga general, carga a granel, Ro-Ro y pasajeros en los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

La Corte explicó que la decisión se adopta en cumplimiento de su función como guardiana de la Constitución Política de la República de Panamá. El proceso judicial se originó a partir de una demanda presentada por el contralor general de la República, Anel Flores, luego de una auditoría practicada al contrato de concesión.

Según el contralor, Panama Ports Company habría incumplido obligaciones contractuales, lo que habría generado una pérdida económica estimada en cerca de 1,000 millones de dólares para el Estado panameño, al dejar de percibir recursos significativos producto de dichos incumplimientos.