Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato de Panama Ports

Ciudad de Panamá, Panamá/La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), para operar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria celebrada este jueves 29 de enero de 2026, tras una amplia deliberación y discusión de dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada No. 17547-2025, según informó el Órgano Judicial mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la Corte, las demandas cuestionaban la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, así como sus adendas y el acto de prórroga, todas vinculadas al contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A.

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El fallo declara inconstitucionales tanto la ley como los actos que sustentaban la concesión, la cual permitía a la empresa el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de terminales portuarias para contenedores, carga general, carga a granel, Ro-Ro y pasajeros en ambos puertos estratégicos del país.

La Corte señaló que esta decisión se adopta en cumplimiento de su rol como guardiana de la Constitución Política de la República de Panamá. El proceso judicial se originó a partir de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el contralor general de la República, Anel Flores, luego de una auditoría practicada al contrato de concesión.

Según el contralor, Panama Ports Company habría incumplido su contrato, lo que habría generado una pérdida económica estimada en cerca de 1,000 millones de dólares para el Estado panameño. Motivo por el cual el Estado dejó de percibir recursos significativos debido a incumplimientos contractuales.

Reacciona PPC

En un comunicado oficial, la empresa señaló que “toma nota de la declaración emitida esta noche por el Órgano Judicial de la República de Panamá en la que se afirma que la Corte Suprema de Justicia ha decidido declarar inconstitucional la Ley N.º 5, de 16 de enero de 1997, y otras leyes relevantes”. No obstante, aclaró que “si bien PPC aún no ha sido notificada de dicha decisión, esta decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas”.

PPC enmarcó el fallo como parte de “el último desarrollo de una campaña del Estado panameño impactando a PPC y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la Concesión y PPC”.

La empresa destacó que, durante sus 28 años de operación, “PPC y su inversionista han invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país”, inversiones que —según indicó— “han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial”.

Asimismo, recordó que “la concesión de PPC fue producto de una licitación internacional transparente” y que desde entonces la compañía “ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración”.

Sobre el impacto del fallo, PPC advirtió que “carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas, que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, sino también el estado de derecho y la seguridad jurídica del país”, subrayando además que la decisión “es diametralmente opuesta a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares al contrato de PPC”.

La empresa sostuvo que “la campaña del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global”, enfatizando que “la estabilidad institucional y legal y el respeto a los contratos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el estado de derecho”.

Finalmente, PPC destacó que “reitera su compromiso con Panamá, con sus trabajadores, con las comunidades de Balboa y Colón, y con todos los actores”, aunque advirtió que “por la campaña afectando a PPC y sus inversionistas, la compañía y su inversionista continúan reservándose todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales”.

La empresa concluyó señalando que “PPC y sus inversionistas siempre han buscado cooperación con el Estado panameño y reitera su llamado a la coordinación y consultas respetuosas para evitar disrupción y proteger la concesión que ha brindado servicios de alta calidad para el beneficio de Panamá y el mundo