Anel Flores presenta demandas de inconstitucionalidad y de nulidad contra contrato de Panama Ports
Flores explicó que ambas acciones legales están relacionadas con la auditoría realizada en abril pasado, en la que se detectaron numerosas irregularidades.
El contralor general de la República, Anel 'Bolo' Flores, informó la tarde de este miércoles 30 de julio, en conferencia de prensa, que presentó dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de concesión firmado entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company.
Explicó que se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato y de nulidad sobre la extensión del mismo concedida durante la administración pasada debido a que, de acuerdo con el contralor, la misma no contó con el refrendo de la Contraloría, lo cual era un requisito.
Flores explicó que ambas acciones legales están relacionadas con la auditoría realizada en abril pasado, en la que se detectaron numerosas irregularidades.
"No solo es un contrato malo, sino también leonino y abusivo contra los intereses del país", expresó el contralor.
Agregó que interpone las demandas en representación del Estado panameño, con la expectativa de que sean admitidas por la Corte Suprema de Justicia y se obtengan los resultados que Panamá necesita.
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Recalcó que se trata de un contrato donde "malos panameños permitieron que más de $1,300 millones no entraran a las arcas nacionales, esas personas miraron para otro lado y no pusieron cuidado, y esperamos que el Procurador General de la Nación haga su trabajo". Continúo señalando que "hay un sinnúmero de personas involucradas, que permitieron la extensión de un contrato, afirmando que la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá lo aprobó".
Flores también se refirió a las recientes publicaciones a nivel internacional en las que se habla de transacciones pendientes sobre los puertos que maneja Panama Ports (Balboa y Cristóbal), que no incluyen a Panamá como real dueño de estas zonas. Recalcó que la relación con la empresa portuaria ha sido perjudicial para el país.
Auditoría contra PPC
El 20 de enero de 2025, el contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, inició formalmente una auditoría forense a Panama Ports Company (PPC), asistido por un equipo de auditores que ingresó a las instalaciones de la empresa para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y financieras establecidas en el contrato de concesión.
En abril, Flores presentó los hallazgos del informe, señalando que la auditoría anterior —usada para justificar la prórroga automática del contrato— había sido “malamente tergiversada” por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Según la valoración, Panamá debió recibir unos 1,337 millones de dólares, pero solo percibió $483 millones, lo que se traduce en un perjuicio de más de $1,2 mil millones.
A raíz de estos resultados, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación penal de oficio, citando incluso a los 18 auditores responsables del informe para esclarecer los hallazgos. Las diligencias incluyen entrevistas, comisiones técnicas y el análisis de documentos asociados a la renovación contractual
