Valentina
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En una audiencia de control de garantías, la jueza Ruth Aizpú legalizó la aprehensión de siete personas y dio por formulada su imputación por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, dentro de una investigación relacionada con un proyecto urbanístico que se desarrolla en Punta Chame, distrito de Chame.
La imputación corresponde a dos modalidades específicas: contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial.
Los cargos fueron formulados por la Fiscalía Superior de Ambiente, a cargo de la fiscal Fátima Sánchez, luego de una diligencia judicial realizada por su despacho en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras un operativo de seguimiento y vigilancia al proyecto, donde presuntamente se estarían cometiendo múltiples violaciones a las normas medioambientales.
Durante la audiencia, realizada en la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste, en La Chorrera, la representante del Ministerio Público también solicitó la aplicación de medidas cautelares para los investigados, consistentes en la prohibición de salida del país y la prohibición de reunirse o acercarse al lugar donde se desarrolla el proyecto.
La petición fue acogida por la jueza Aizpú, previa consulta con la defensa particular de los siete imputados, asumida por el abogado Porfirio Batista Pineda.
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Antes de la audiencia de solicitudes múltiples, se desarrolló una diligencia judicial de control posterior, solicitada por el Ministerio Público, con el objetivo de que el Juzgado validara las actuaciones de vigilancia, seguimiento y allanamiento que derivaron en las aprehensiones.
Este proceso judicial está relacionado con una investigación iniciada de manera oficiosa por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en mayo de 2025, luego de denuncias difundidas en medios de comunicación sobre posibles afectaciones en una zona costera de Punta Chame por el desarrollo de un proyecto turístico de más de 20 hectáreas.
Según consta en resoluciones de MiAmbiente y de la Alcaldía de Chame, las presuntas afectaciones incluyen el desarrollo de obras en coordenadas fuera de los polígonos aprobados en los estudios de impacto ambiental, afectación de zona de manglar, daños en sitios de desove y anidamiento de tortugas, así como remoción de arena, entre otras.
Las diligencias se extendieron hasta el pasado 6 de marzo, cuando se efectuó un allanamiento que derivó en la aprehensión de las siete personas ahora imputadas dentro de la investigación.