“Estado de emergencia agrava la situación de transparencia”, según Olga de Obaldía

Ciudad de Panamá/Durante el periodo de campaña, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó una serie de propuestas que estaban encaminadas a combatir la corrupción y mostrar una imagen de transparencia al país. Sin embargo, a tres años de su gestión, muchas de estas han quedado inconclusas.

La capacidad de ejecución por parte del gobierno es vista como una decepción general por los panameños, al no poder cumplir las promesas realizadas frente a diversas situaciones limitantes que se ejecutaron de forma acelerada por la pandemia.

Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el cumplimiento de estas iniciativas ha sido casi nulas.

Por su parte, el órgano legislativo ha realizado muy pocas propuestas para combatir la corrupción, en donde las realizadas fueron vetadas por el presidente Cortizo.

En los últimos años, la planilla del Estado ha aumentado sus gastos, pese a la crisis económica que se vive en el país. En diversas ocasiones, se ha podido observar que la transparencia de los mismos ha sido nula al no rendir cuentas sobre estos gastos.

De Obaldía, destaca que la inequidad tributaria en el país y la justicia presenta un retroceso que se agravó con la pandemia, en donde las autoridades han negado el acceso a información que debería ser de conocimiento público para la ciudadanía.

Agregó, que el actual estado de emergencia en el que se mantiene el país, ha agravado la situación de transparencia al no permitir tener acceso a esta información. Un estado que, para muchos, debió ser eliminado desde hace un tiempo.

En enero de 2022, comenzó la implementación de la carrera judicial. Para ello, el Órgano Ejecutivo aprobó un crédito de 15 millones al Órgano Judicial para desarrollar esta carrera. Desde su punto de vista, Obaldía ve esta iniciativa del gobierno como positiva.

De igual forma, otra propuesta vista como positiva es la propuesta de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que no posean conexiones comerciales con el poder Ejecutivo o partidos políticos, mostrando un avance en materia de transparencia.

La ley de conflicto de intereses es una propuesta buscaba regular esta materia dentro del servicio público. El presidente Cortizo vetó parcialmente seis artículos por inconvenientes, generando un retroceso para la justicia.

Con respecto a ello, de Obaldía expresó que una ley como esta requiere de un grado de compromiso y voluntad política, especialmente en un país como Panamá donde la corrupción dentro del gobierno se ha evidenciado constantemente.

Por parte de la fundación a la que representa, la propuesta de ley ha sido apoyada desde el inicio junto a los diputados independientes debido a que mostraba una luz de esperanza en materia de transparencia.

Finalmente, destacó que lograr una transparencia en el país se vuelve cada día más complicado, dentro de una república en la que los propios gobernantes no muestran una transparencia alguna.