Fundación propone reducir y redistribuir subsidio electoral de $158.6 millones
La organización plantea que una reducción gradual permitiría evaluar los efectos de la medida sobre la competencia electoral y el fortalecimiento institucional de los partidos políticos.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana planteó una serie de reformas al financiamiento político, entre ellas la reducción gradual y redistribución del subsidio electoral, que para la próxima elección se calcula en aproximadamente 158.6 millones de dólares.
La propuesta está contenida en el documento de posición “El precio de la democracia”, elaborado a través del proyecto Dinero Limpio en Elecciones, en el que la organización plantea cinco ejes de reforma que, a su juicio, deben ser analizados y debatidos en la Asamblea Nacional.
La Fundación sostiene que el actual monto del subsidio electoral, establecido mediante una norma de 1997, resulta excesivo dentro de un sistema que combina financiamiento público y privado. También cuestiona que existan declaraciones de gastos por debajo de los topes establecidos legalmente.
Ante este escenario, propone revisar la magnitud del subsidio con base en criterios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y proporcionalidad frente al crecimiento del padrón electoral y las necesidades del sistema político.
La organización plantea que una reducción gradual permitiría evaluar los efectos de la medida sobre la competencia electoral y el fortalecimiento institucional de los partidos políticos.
Sin embargo, señala que disminuir el financiamiento público debería estar acompañado de una mejor distribución de los recursos, con criterios de equidad que permitan fortalecer a los partidos, nivelar las condiciones para las candidaturas de libre postulación y promover la participación de mujeres y otros grupos tradicionalmente subrepresentados.
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Más controles al financiamiento privado
Otro de los ejes de la propuesta apunta a aumentar la regulación del financiamiento privado de las campañas.
La Fundación considera insuficientes las normas actuales sobre los topes de gastos, las donaciones provenientes de una sola fuente, la transparencia de los donantes y el origen de los fondos propios utilizados por los candidatos.
Entre las medidas planteadas están establecer topes más bajos para las elecciones primarias y generales, regular la contratación de activistas y el reporte de sus pagos, así como establecer controles sobre los saldos favorables de las donaciones al cierre de las campañas.
También propone verificar los fondos propios declarados en efectivo cuando estos hayan sido producto de donaciones, crear mecanismos para devolver donaciones ilegales y fortalecer la trazabilidad y la debida diligencia sobre el origen de los recursos utilizados en las campañas.
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Reformar las sanciones electorales
El documento también identifica vacíos en el régimen de delitos, contravenciones y faltas electorales que, según la Fundación, dificultan la presentación y procesamiento de denuncias.
Entre los aspectos señalados están las exigencias relacionadas con la carga de la prueba para acreditar determinadas conductas, como donaciones prohibidas o gastos que excedan los topes establecidos.
La organización plantea revisar estas disposiciones para facilitar la sanción de prácticas como la entrega indirecta de bienes a cambio de votos y la omisión de información sobre los donantes.
Mayor participación de mujeres
La propuesta también incluye medidas para aumentar la participación de las mujeres en las candidaturas y sus posibilidades de resultar electas.
Según las cifras presentadas en el documento, en las últimas elecciones las mujeres representaron 19% de las postulaciones, mientras que ocuparon 21% de los escaños de la Asamblea Nacional, 14% de las alcaldías y cerca del 11.5% de las representaciones de corregimiento.
La Fundación propone eliminar vacíos que permitan evadir las reglas de paridad, destinar financiamiento público directo para promover y fortalecer candidaturas encabezadas por mujeres y establecer mecanismos que faciliten la conciliación entre la vida familiar y las exigencias de una campaña política.
Fiscalización en tiempo real
El quinto eje está relacionado con el fortalecimiento de la fiscalización y la rendición de cuentas.
La organización plantea dotar a las autoridades electorales de mayores recursos, capacidades y herramientas para fiscalizar el financiamiento político de manera eficiente y en tiempo real, además de fortalecer su capacidad para auditar y sancionar.
Entre las medidas propuestas está incorporar al Código Electoral mecanismos para fiscalizar directamente los gastos realizados durante el día de las elecciones, monitorear actividades y movimientos financieros que se desarrollen fuera de las cuentas únicas de campaña y cruzar información con bases de datos de otras instituciones.
El documento también plantea corregir inconsistencias detectadas en los informes de ingresos y gastos a través del visualizador de datos La Ruta de la Plata.
La Fundación concluye que el sistema actual presenta debilidades en el control y supervisión del dinero en la política y sostiene que las reformas deben orientarse a garantizar mayor equidad en la competencia electoral, fortalecer la transparencia y reducir el riesgo de una influencia desproporcionada del dinero, intereses particulares o recursos de origen ilícito.
La propuesta resume sus planteamientos en tres condiciones para fortalecer la integridad electoral: reglas claras, fiscalización efectiva y sanciones oportunas.