Contralor Humbert: 'Las reglas del juego cambiaron'

Primera parte: Entrevista en exclusiva con el contralor Humbert / TVN Noticias

El contralor de la República, Federico Humbert, defiende su decisión de suspender el pago de las planillas de la Asamblea Nacional. “No hay marcha atrás”, sentenció durante una entrevista exclusiva a TVN Noticias.

Contraloría ordenó el miércoles 5 de junio suspender el pago de la planilla 080, de servicios personales a todos los diputados. Pero esta no es la primera acción que ha tomado sobre los fondos del Órgano Legislativo.

La Asamblea Nacional cuenta con 6 planillas distintas, de las cuales solo una, la 172 de Servicios Especiales, requiere el refrendo de la Contraloría. En enero de 2018, Contraloría decide no refrendarla. Un total de 2,006 contratos fueron pagados con esta planilla. De acuerdo con Humbert, esto significó un ahorro de unos 8 millones de dólares al Estado panameño. En el caso de la 080, 3,508 personas aparecen en la planilla.

“Y nadie protestó”, declaró Humbert. Esto puede ser a causa que muchas de las personas que devengaban salarios del erario mensualmente no cumplían con ninguna función real. Eran familiares de diputados, conocidos y promotores políticos. Humbert reconoce que un buen número deben ser personas que cumplen honradamente un trabajo real, pero la mayoría parece ser lo que en buen panameño se conoce como “botella”.

El contralor destacó que muchas de estas personas son en realidad promotores políticos. Esto podría resultar una clara violación a la Ley Electoral, considerando que muchos diputados aspiran a la reelección o a otro cargo. A pesar de esto, hasta el día de hoy, Humbert asegura que no ha sido contactado por ninguna autoridad electoral.

Los diputados se encuentran protegidos por la ley electoral. Mientras ocupen sus puestos, solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia. Si no son reelectos, podrían ser investigados por el Ministerio Público.

Humbert habló fue de un cinismo descarado por parte de los llamados Padres de la Patria. Sin dar nombres, reveló que uno de ellos exclamó durante una reunión en Contraloría, al ser recordado que la Constitución prohíbe el nepotismo, que “si hay Constituyente, cambiemos esto”.

El nepotismo en Panamá tiene una sanción pecuniaria, solo administrativa. El contralor lamentó que una diputada llegó incluso a decir sentirse orgullosa de tener a su familia en la planilla estatal.

El monto disponible para las planillas de los diputados se incrementó de 4 mil dólares mensuales a 30 mil durante la actual administración. Sin embargo, el contralor aclaró que esto no quiere decir que no se dieran estas irregularidades antes. En administraciones pasadas se daban fondos adicionales dependiendo de la afiliación política o de la Comisión a la que se formaba parte dentro de la Asamblea. Actualmente, ese dinero, que se paga en algunos casos a personas por “trabajar” un 31 de febrero o un lunes de Carnaval, se da equitativamente.

Para muchos, se trata de un secreto a voces, convertido ahora en escándalo. Se cuestiona a Humbert por actuar ahora, a un año de las elecciones generales. Se le acusa de actuar en una especie de venganza por parte del presidente Juan Carlos Varela contra la Asamblea luego que sus ungidas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueran rechazadas. Su justificación es que las auditorías a la Asamblea iniciaron en 2017, que antes ya había presentado las auditorías a las Juntas Comunales y que se han suspendido los pagos a todos los diputados, incluyendo aquellos de la bancada oficialista.

“¿Cuándo es el momento indicado para una auditoría?” cuestionó. “Hemos presentado la verdad, nadie ha cuestionado los resultados”, sentenció. Se mostró frustrado por la caída en el interés por el caso de las Juntas Comunales y pidió el apoyo ciudadano en presionar para que se haga justicia.

Se han realizado tres auditorías a la Asamblea Nacional, dos de ellas ya han terminado, mientras que la última, llamada concomitante, fue interrumpida por la propia Asamblea, luego de interponer un recurso de amparo de garantías ante la CSJ.

“Esta pelea no se puede perder”, concluyó el contralor.

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