Analizan escenarios de Ayú Prado como juez de garantías en caso FP

Mientras que hay quienes piden que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, se separe como juez de garantías en el caso de Financial Pacific (FP), otros sustentan que esto no procede según la ley, además atrasaría el proceso de investigación.

Ayú Prado fue designado como juez de garantías en un caso que se menciona al expresidente Ricardo Martinelli, pero no solo este tema es el punto a discusión entre quienes se oponen, sino en el hecho de que una de las supuestas implicadas en este caso, Mayté Pellegrini, ha dicho que el magistrado pidió que se retractara de unas declaraciones.

Mientras tanto, el magistrado y la CSJ han insistido que la única forma que puede declararse impedido es porque tiene algún grado de consanguinidad o ha participado en este caso previamente, según lo dispuesto en el artículo 53 del Código Procesal Penal.

No obstante, otra de las fórmulas que podría ser una opción para que se declare impedido en este caso es en la fase intermedia.

El exmagistrado Edgardo Molino Mola señaló que la designación se dio a través de un “reparto”. “Le asignan casos por orden alfabético, por eso se le asignó el caso”, explicó.

“Porque para que un magistrado se separe de un caso debe haber una causal de impedimento y ya hay una disposición en el Código Procesal Penal, sólo son dos: parentesco con alguna persona, o haya atendido el caso anteriormente en la etapa de su vida profesional”, agregó el también docente en derecho.

A juicio de Molino Mola no procede según lo determinado por la Ley, lo que hay es una desconfianza por las declaraciones que ha hecho Pellegrini, quien ha dicho que supuestamente Ayú Prado le pidió que se retractara de unas declaraciones en relación con este caso.

Molino Mola señaló que sería en la fase intermedia a la cual aún no se ha llegado.

“Sería tremenda demora en el caso si se declara impedido, el problema es que no lo pueden recusar, no cabe, ahora mismo solo cabe impedimento y de parte de él. Pero se le está pidiendo algo que la ley no le permite”, puntualizó.

En tanto, el abogado penalista Ángel Alvarez, sostuvo que la salida de la declaración de impedimento, sería desastroso en el caso.

“Hay que esperar la parte intermedia o que sea recusado, si se cumple. Se quiere forzar la causal más allá de lo que dice la norma y eso sería en contrasentido”, señaló.

Institucionalidad

Por su parte, la exmagistrada de la CSJ Esmeralda de Troitiño y comisionada de Derechos Humanos, dijo que para ella el punto es la institucionalidad del tema de justicia, porque “el magistrado Ayú prado tiene las vías para precisamente expresar desde la investidura judicial una posición no que complazca a la ciudadanía sino que eleve la estatura de la institucionalidad”.

“En la administración de justicia hay un concepto de la interpretación sistemática del derecho y contamos con el Código Procesal Penal que se aplica, hace restricciones, incluso para el momento de la recusación”, indicó.

Y añadió que si se “pretende celeridad en el proceso y que los abogados que intervengan no utilicen mecanismo de dilación o particular de un juez, pero tenemos además dos instrumentos que es la Ley de Carrera Judicial, que son reglas aplicables a todos. El Código de Ética rige a todos los funcionarios en el tema judicial y se busca que EN el servicio público justicia no haya tela de duda de la aplicación de los principios”.

El abogado Álvarez, sostiene que este es un tema preocupante, toda vez que las recusaciones las realizan las partes que están dentro del proceso. “Cómo alegar, cuestionar o calificar si debe o no declararse impedido. Si las partes relacionadas, no advierten que la postura del magistrado cause alguna afectación, cómo el público lo dice”, se pregunta el jurista.

Cuestiona además, hasta dónde la crítica de los espectadores puede introducirse en medio de las investigaciones.

Imagen del mercado de valores panameño

Y es que no solo la imagen del sistema judicial se ha podido afectar por la “celeridad” o no de los casos de investigación, en el caso particular de FP afecta la imagen y reputación de Panamá.

Para el presidente de la junta directiva de la Bolsa de Valores de Panamá, Felipe Chapman, se deben hacer cumplir las leyes y combatir la corrupción no solo pública sino privada, ya que erosiona la confianza.

“En la medida en que no tenemos las reglas el famoso refrán que la esposa del César no solo debe ser virtuosa o bonita, sino serlo se cumple, porque sino mandamos el mensaje que no nos importa y las consecuencias son claras”, detalló.