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El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales le dio un año más al Ministerio Público para realizar la investigación por la desaparición forzada de Rita Irene Wald, la dirigente estudiantil de 17 años que desapareció hace 49 años en pleno régimen militar y cuyo caso avanzó tras la reciente aprehensión de uno de los señalados.
Mediante el Auto de primera instancia n.º 26-26 de 25 de agosto de 2026, el magistrado José Hoo Justiniani, accedió a la solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, tiempo en el que deberá concluir el sumario y remitirlo a esta instancia con la vista fiscal correspondiente.
Esta causa guarda relación con la desaparición de una joven estudiante ocurrida el 27 de marzo de 1977. El pasado 24 de julio, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá hizo efectiva la aprehensión de Emilio Garzola Ruíz, requerido por las autoridades judiciales por su presunta participación en la desaparición forzada de la estudiante y dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo, ocurrida durante el régimen militar.
Garzola llegó al país en calidad de deportado, luego de ser ubicado en Managua, Nicaragua, el pasado 30 de julio de 2025. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol Panamá, emitida el 7 de julio de este año. Tras su arribo, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales panameñas para continuar con el proceso penal correspondiente.
También ha sido imputado por el homicidio de Wald, Luis Gómez Pérez.
Rita Irene Wald Jaramillo desapareció cuando tenía 17 años. La joven, estudiante del colegio José Remón Cantera, era una reconocida dirigente estudiantil que lideró protestas contra la dictadura militar y los Tratados Torrijos-Carter. Fue vista por última vez el 27 de marzo de 1977 en el sector de Obarrio.
La familia de Wald solicitó en reiteradas ocasiones la reapertura de la investigación, mientras que en 2017 el Estado panameño, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela, pidió perdón públicamente por su desaparición forzada como parte del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.