Investigación contra Martinelli, en suspenso tras advertencia de inconstitucionalidad

Dimas Guevara y Ernesto Cedeño, abogados / TVN Noticias

El caso de Ricardo Martinelli, señalado por el empresario y exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, por el caso de la comida deshidratada, tendrá prórroga, se declare inconstitucional o no el artículo de la llamada ley blindaje, que da plazos de investigación para diputados, magistrados o presidentes de la República.

Dimas Guevara, abogado de Martinelli, explicó en TVN Noticias AM que la finalidad de la audiencia de este jueves 2 de julio era pedir un plazo a fin de poder continuar las investigaciones, pero el magistrado fiscal, Oydén Ortega, hizo una advertencia de inconstitucionalidad sobre el artículo 491-a adicionado al Código Procesal Penal por la Ley 55 de 2012, llamada ley de blindaje.

Guevara dijo que la ley establece que se puede pedir una prórroga de un mes para continuar las investigaciones, pero previo a esto debe hacerse la imputación, que no se ha realizado.

Los dos meses que dicta la ley para la investigación vencen mañana 4 de julio, pero el Magistrado Fiscal tendrá que esperar que la Corte se pronuncie por su advertencia de inconstitucionalidad para obtener la prórroga, y mientras no podrá realizar investigación ni diligencia alguna.

“Hay un vicio de nulidad ya que la investigación venció”, se refirió al respecto Guevara.

Agregó que Ortega pidió el plazo por la complejidad del caso, pero no hay elementos de prueba contra Martinelli. “No tiene nada que lo pueda llevar a la imputación formal”, aseveró.

Martinelli es investigado por el caso de la comida deshidratada e interceptación de las comunicaciones. Aún está pendiente probar su vinculación “pero las evidencias hasta ahora no son suficientes”, acotó Guevara.

UN MES O UN AÑO MÁS PARA INVESTIGAR

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño afirmó que se podría dar un plazo de un mes al caso si la Corte decide que el artículo 491-a no es inconstitucional. En caso contrario, el Tribunal de Garantías que nombró para este caso, podrá dar hasta un año de plazo a fin de que Ortega pueda seguir investigando y reuniendo evidencias.

Si se admite la advertencia de inconstitucionalidad, el Procurador General de la Administración, Rigoberto González, tendrá 10 días para emitir una opinión y luego se pasa a consulta pública por 3 días, a través de publicaciones en medios impresos.

Cualquier ciudadano en los 10 días siguientes podrá presentarse a emitir su opinión al respecto, explicó Cedeño en Noticias AM.