Juez declara legales 22 aprehensiones en caso de diplomas falsos

Panamá/La juez de Garantías Irene Cedeño declaró legal este jueves la aprehensión de 22 de las 23 personas investigadas en el caso de los presuntos diplomas falsos, mientras que la aprehensión de una mujer fue declarada ilegal. Esta última decisión se refiere exclusivamente a la legalidad de la detención y no implica una absolución ni su exclusión de la investigación.

Puede leer: Aprehenden a unas 23 personas por presunta venta de diplomas falsos para obtener cargos educativos en Meduca

La audiencia, relacionada con la Operación Credenciales 1.0, entró en receso y continuará este viernes, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, deberá avanzar con la formulación de cargos y posteriormente sustentar las medidas cautelares que considere necesarias.

La legalización de las aprehensiones significa que las 22 personas permanecen a disposición de la justicia mientras continúa la audiencia. Todavía no existe una decisión sobre las medidas cautelares que enfrentarán.

Fiscalía revela cómo presuntamente se introducían los títulos al Meduca

Durante la audiencia, la fiscal Marina Renjifo expuso elementos de la investigación relacionados con el presunto ingreso de información académica falsa al sistema del Ministerio de Educación.

Entre los aprehendidos figura Henry Julio, quien se desempeñaba como analista de la Regional de Darién y, según la Fiscalía, tenía acceso al SIARHE, Sistema de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (Meduca).

El Ministerio Público sostiene que Julio habría realizado 17 registros fraudulentos de títulos de la Universidad de Cartago, institución que cerró operaciones el 6 de junio de 2014. La Fiscalía también señaló que algunas de las personas cuyos títulos fueron registrados nunca estudiaron en la Universidad de Cartago.

Asimismo, a Henry Jiménez Rivera y Denaura Mejía Espinoza se les atribuye presuntamente haber ingresado información falsa relacionada con los estudios realizados por al menos 13 supuestos docentes.

¿Por qué cerró la Universidad de Cartago?

La Universidad de Cartago, que operaba en la provincia de Chiriquí, había sido objeto de cuestionamientos y medidas administrativas relacionadas con el cumplimiento de las normas de educación superior. Entre los motivos señalados para su cierre estuvieron que la institución ofrecía y publicitaba programas de estudio que no contaban con la autorización ni la aprobación oficial del Ministerio de Educación (Meduca).

También se detectaron archivos y registros desactualizados, debido a que la universidad no mantenía al día los expedientes correspondientes a su personal docente y administrativo.

Otro elemento señalado fue la reincidencia en los incumplimientos. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) había comprobado que la institución ya había sido amonestada anteriormente por situaciones similares, sin que se corrigieran de manera definitiva las irregularidades detectadas.

La universidad finalmente cerró operaciones el 6 de junio de 2014. Este antecedente cobra relevancia dentro de la investigación actual debido a que, según el Ministerio Público, algunos de los títulos presuntamente fraudulentos que fueron incorporados al sistema del Meduca aparecen vinculados a esa institución.

El listado de la Universidad de Cartago

Otro de los elementos expuestos durante la audiencia fue el listado que la propia Universidad de Cartago había remitido sobre las personas que habían cursado más del 50% de una carrera. De acuerdo con la información presentada, quienes habían completado más del 50% de la carrera podían recibir el título, mientras que aquellos que habían cursado menos del 50% debían reiniciar sus estudios en otras universidades.

La Fiscalía habría identificado entre los investigados a personas que aparecían en los registros de la Universidad de Cartago, pero que no habían alcanzado el 50% de la carrera requerido para obtener el título.

Testimonios apuntan a pagos de hasta $4 mil

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó también testimonios sobre la presunta forma en que se gestionaban los títulos. La fiscal Renjifo reveló el testimonio de Karla Linares Pino, quien habría relatado que pagó $4,000 a Antonia De La Rosa por un título presuntamente fraudulento.

Según lo expuesto por la Fiscalía, después de recibir el dinero, De La Rosa le indicó que podía trasladarse a la provincia de Colón para tomar posesión de su cargo. La investigación también señala que Abril Lineth Murillo De La Rosa, hija de Antonia De La Rosa, presuntamente tenía conocimiento de que su madre podía conseguir este tipo de títulos.

Dentro del supuesto modus operandi, la fiscal Renjifo también sostuvo que Antonia Beatriz De La Rosa presuntamente recibía comisiones de Financiera Atlántico, S.A., por cada docente que tramitaba algún préstamo.

Otro testimonio presentado fue el de María Inés Ábrego Arboleda, quien habría entregado sus títulos como parte de la investigación después de pagar $4,000 a Antonia De La Rosa.

De acuerdo con el relato presentado en audiencia, realizó un primer pago de $800 y posteriormente se le habría solicitado $1,200 para subirle el puntaje. Estos testimonios forman parte de los elementos que el Ministerio Público presentó para sustentar la existencia de un presunto esquema de obtención y utilización de documentación académica irregular.

22 personas con aprehensión legalizada

La juez Irene Cedeño legalizó la aprehensión de: Nataly Alfaro Martínez, Ayda Itzel Cisneros, Virginia Lizeth Sánchez Torrero, Yenilka Córdoba, Yarineth Cueto Carrión, Denaura Mejía Espinoza, Dana Isabel Pérez Aguirre, Marieta Salomé Pineda, Stefany Yaneth White Franco, Keidy Zambrano Batista, Adriana Tenorio Smith, Katiuska Yatsuro Vega Urrutia, Yazmira Duque Polo, Antonia De La Rosa Mendoza, Abril Lineth Murillo De La Rosa, José Antonio Barrios Rivera, Henry Jiménez Rivera, Michael Jair Sánchez Santimateo, Eduardo Eliecer Sánchez Moreno, Ismael De Sedas Gutiérrez, Lameth Rivera González y Henry Julio.

El proceso involucra inicialmente a 23 personas, 16 mujeres y siete hombres, vinculadas a una investigación que alcanza distintos puntos del país y en la que aparecen mencionados numerosos centros educativos.

Diferentes centros educativos bajo investigación

Durante la audiencia también fueron mencionados centros educativos de distintas regiones del país, entre ellos la Escuela Felipe Salabarría Mesa, Escuela Bilingüe Sector Sur de Tocumen, Escuela Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, Escuela Unión Centroamericana, en Nueva Esperanza, Escuela Alto de Los Lagos y Escuela Gabriela Mistral.

También aparecen la Escuela Tibita, Escuela Carlos Constantino Arosemena, en Pacora, Centro Educativo Platanillo, en Darién, Escuela Dr. Ricardo J. Alfaro, Centro Educativo Bilingüe John F. Kennedy, en Pacora, Escuela Primaria Zapallo y Escuela Virgen de Guadalupe, en Las Garzas.

La lista incluye además el Centro Básico Alto de Los Lagos, Centro Educativo Medios del Progreso, en Chiriquí, Escuela Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, Escuela Samaria Sinaí, Centro Educativo Altos de Rivesito y Escuela El Guásimo, en Veraguas.

Salarios y procedencia de los investigados

Durante la jornada también se informó que cinco de los investigados están desempleados y 18 tienen salarios superiores a $1,500. En cuanto a su procedencia, se indicó que tres son de Arraiján, dos de La Chorrera, dos de San Miguelito, uno de Chiriquí y uno de Colón, entre otros puntos relacionados con la investigación.

Defensa de los investigados

Entre los abogados que participan en la defensa de los investigados figuran Eduardo Cornejo, Nicolás Cornejo, Damaris Quirós, Harry Iglesias, Ameth Marín y Josefa López, quienes tendrán la oportunidad de controvertir los elementos presentados por el Ministerio Público.

Por parte de la Fiscalía participan Elizabeth Carrión y la fiscal adjunta Marina Renjifo, quienes sustentan los elementos de la investigación ante la juez de Garantías.

Este viernes se conocerán los cargos y las medidas cautelares

La audiencia continuará este viernes en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). En esta etapa, el Ministerio Público deberá sustentar la imputación de cargos contra los investigados y posteriormente solicitar las medidas cautelares que considere necesarias.

La juez Irene Cedeño deberá determinar, para cada persona, si corresponde imponer detención provisional, arresto domiciliario, impedimento de salida del país, reporte periódico u otra medida cautelar, tomando en consideración los elementos presentados durante la audiencia y el grado de vinculación que se establezca.

El caso entra así en una fase determinante para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los investigados y determinar el alcance de la presunta estructura utilizada para obtener, registrar y utilizar títulos académicos fraudulentos.