Lo que debes saber del juicio oral de Ricardo Martinelli

A pesar de los retrasos ya van cuatro días del juicio oral de Ricardo Martinelli donde se debe probar si cometió o no los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, peculado de uso y malversación.

El primer día de juicio oral fue el viernes 22 de marzo de 2019, el acto empezó en la tarde porque durante la mañana Martinelli reportó problemas de salud por lo que fue atendido. A continuación les explicamos los detalles de forma cronológica.

Primer día de juicio

Las partes llegaron a Plaza Ágora a las 9:00 de la mañana para dar inicio al proceso descrito por el fiscal Ricaurte González como histórico. Pero cerca de las 10 de la mañana se notificó que el mismo no había empezado ya que Ricardo Martinelli presentaba una presión arterial elevada, por lo que se llamó a los servicios de emergencia para que fuera estabilizado. Luego el Tribunal ordenó el traslado de Ricardo Martinelli a un hospital para que fuera atendido. Se dio una pausa hasta las tres de la tarde de ese mismo día.

Cuando se retomó la audiencia los defensores insistieron en que se definieran temas inconclusos en la fase intermedia con el magistrado Jerónimo Mejía en la Corte Suprema de Justicia, como: la no imputación, las advertencias de nulidad porque no les han revelado la identidad del testigo protegido, no tener copias de los 7 cuadernillos con las escuchas y demás. Sobre eso el presidente del Tribunal respondió que el juicio oral tiene un orden cronológico y esos temas se tocarían en su momento.

De allí, se ordenó proceder con la lectura de los hechos de la acusación. Primero del fiscal, luego los querellantes y de último, la defensa, que los rechazó.

La lectura de los hechos la hizo el fiscal Aurelio Vásquez, el cual dijo que en la planta alta del edificio 150 del Consejo de Seguridad Nacional, y por orden del expresidente Martinelli, se dio una violación constante y sistemática de la privacidad, que se usaron equipos y personal pagados con fondos públicos, que a las víctimas se les llamaba "objetivos" por ser personas con poder político, económico y social, y que luego de perder las elecciones con su candidato José Domingo Arias, mandó a desmantelar el aparato de escuchas que costaba 13 millones de dólares. Y que el 16 de mayo de 2014 el software Pegasus se usó desde el edificio Oceanía, donde actualmente Martinelli tiene oficinas.

También, el acusador autónomo Rosendo Rivera querellaba por dos delitos ya incluidos por la Fiscalía y el otro grupo de querellantes. Según el Presidente del tribunal, para que fuera querellante autónomo, tenía que acusar por delitos distintos o si eran iguales debían tener agravantes. Ante esto uno de los jueces dio la opción de sumarlo a los querellantes coadyuvantes y dejarlo mostrar sus pruebas.

El tribunal decidió de forma conjunta que se mantenía la decisión, por lo que perdía la condición de querellante autónomo y se sumaba a la querella coadyuvante, pero se le permitirá presentar sus pruebas.

Luego de esto se presentó la teoría del caso, primero por parte del fiscal Aurelio Vásquez el cual citó la frase expresada por Martinelli siendo presidente, en entrevista con un medio de comunicación el 12 de mayo de 2014, donde decía tener el “dossier y el pedigrí de todos”.

Según el fiscal, se van a probar los 4 delitos; que se obtuvieron dos equipos tecnológicos, comprados con dinero del Estado a MLL Proteccion y a NSO Group Technologies; que Pegasus es un software que servía para recopilar toda la información de un celular, como la agenda, fotos, correos, mensajes de texto, contactos y que estaba adscrito al Consejo de Seguridad. Y, además, como el equipo no aparece, hay una lesión de más de 13 millones de dólares. También aseguró que van a presentar auditorías de la Contraloría General que revelan que hubo peculado de uso ya que se utilizó recurso humano para escuchar e intervenir. Que Ronny Rodríguez y William Pittí eran los que escuchaban y seguían, y que ya el fiscal Enrique Pérez condenó a los exdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, por el caso de escuchas ilegales. Ambos, según se leyó en la teoría del caso, seguían las directrices del expresidente Martinelli y a estos se les condenó como cómplices, entonces debe haber un autor.

Menciono que se abrirían los 7 cuadernillos en reserva, los cuales poseen información confidencial de las víctimas, que reconocieron el material y los documentos en manos de otros.

Finalmente se pidió la condena de 21 años de prisión desglosada en, 4 años por inviolabilidad de secreto y derecho a la intimidad, 4 años por seguimiento sin autorización judicial, 3 años por peculado de uso y 10 años por peculado por los equipos que no aparecen.

La parte querellante presentó una teoría similar a la de la fiscalía.

Por último, Carlos Carrillo, de la Defensa, adelantó que la fiscalía no podrá demostrar nada y que no hay persona alguna que diga que Ricardo Martinelli le dio instrucciones. Que se violó el manejo de pruebas y evidencias, en cuanto a la extracción de las mismas y la cadena de custodia. Que no se hizo la imputación y que los hechos de acusación son muy generales y no dan detalles, y eso se advirtió en la fase intermedia.

Según dijo el presidente del tribunal, el siguiente paso es la presentación de pruebas.

¿Y el testigo protegido?

Sobre el testigo protegido, el presidente del tribunal dijo que tienen que coordinar el día que estará esta persona, principalmente para gestionar un salón adecuado para la reserva de su identidad.

Ese día se asignó al médico de la cárcel El Renacer, Eduardo Rodríguez para darle los medicamentos a Ricardo Martinelli, velar que pueda estar en las audiencias y acompañarlo en ellas, por cualquier alteración de salud. Se le prometió un reemplazo para ocasiones en que no pueda. A esta persona se le llevó ante el tribunal para informarle sus tareas.

Lunes 25 de marzo de 2019

El lunes 25, a la hora acordada, se realizó el segundo día de juicio oral con la fase de presentación de las 47 pruebas. Aunque no se logró terminar la presentación el día transcurrió sin mayores problemas y se programó continuar con esta fase el siguiente día.

Martes 26 de marzo de 2019

Durante esta jornada el Fiscal del caso resaltó que los operadores de la empresa NSO Group, la compañía que vendió el programa Pegasus, estuvieron en Panamá, detalle que saben porque se verificó su ingreso al país a través de registros migratorios.

Según el Ministerio Público fue un día provechoso, y se reiteró que Ricardo Martinelli tiene perfecta vinculación con los hechos por los que se le acusan.

Miércoles 27 de marzo de 2019

Se concluyó la fase de presentación de pruebas del Ministerio Público.

La fiscalía como parte de la lectura de pruebas documentales, leyó en audiencia ante el tribunal, una certificación traducida, de la empresa israelí NSO Group Technologies en donde consta que el 3 de julio de 2012 se entregó una orden para la instalación del sistema Pegasus, cuyo usuario estaba bajo el nombre de Gustavo Pérez, entonces jefe del Consejo de Seguridad, y que se instaló en la ciudad de Panamá, por un pago de 13 millones de dólares, y que el usuario final era el Consejo de Seguridad.

El contrato, que estaba incluido en la certificación, indica que además de soporte, mantenimiento y servicios de conformidad, y entrenamiento, el sistema Pegasus ofrecía la recolección y recopilación de información de dispositivos móviles a 150 "objetivos", que, según la teoría de la fiscalía, eran las víctimas.

En el siguiente video el fiscal González explica cuál fue la ruta que siguieron las personas que supuestamente movilizaron el aparato para escuchas.

Ya un juzgado condenó a Gustavo Pérez, junto a otro ex director del Consejo de Seguridad, como cómplices de escuchas ilegales, resaltó el fiscal Ricaurte González.

La teoría de la fiscalía, que acusa a Ricardo Martinelli por cuatro delitos, es que, si ambos ex funcionarios eran cómplices, tiene que haber un autor.

Al respecto, el abogado Alfredo Vallarino, de la defensa de Martinelli, dijo que Gustavo Pérez siempre puso en duda que fuera su firma, y que hasta el momento la fiscalía no ha presentado algún documento que mencione al expresidente.

Al finalizar el proceso de presentación de pruebas se declaró un periodo de 7 días para que los querellantes y la defensa tuvieran oportunidad de revisar los cuadernillos que contienen la transcripción de las interceptaciones telefónicas.

Originalmente se determinó que dicho periodo contaba hasta el lunes 8 de abril pero, como señala el artículo 372 del Código Procesal Penal, las audiencias de juicio oral solo pueden ser suspendidas por un plazo máximo de 10 días calendario, por lo que el proceso reanudará este viernes 5 de abril.