Lesión patrimonial en caso Conades podría ascender a $18 millones
El programa “Sanidad Básica 100 % agua y 0 letrinas” fue impulsado entre 2014 y 2019 por el Conades.
El proyecto Sanidad Básica, desarrollado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), está en el centro de la polémica debido a una investigación por la posible comisión del delito de peculado durante administraciones anteriores.
En los últimos días, la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo varias diligencias de allanamiento y ha ordenado aprehensiones. Entre los detenidos se encuentran el actual alcalde de Pocrí, provincia de Los Santos, Manuel Soriano, quien en su momento fue secretario de Conades, así como un contratista vinculado al caso.
Antonio Tercero González, actual secretario ejecutivo de Conades, indicó que existen denuncias provenientes de gestiones anteriores. Añadió que en esta administración se han presentado 22 denuncias, 5 querellas y se han remitido 35 expedientes a la Dirección General de Ingresos, en coordinación con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
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La lesión patrimonial estimada en este caso podría superar los 18 millones de dólares, correspondientes a fondos ejecutados durante dos administraciones pasadas.
Tercero González explicó que aún se realizan auditorías internas y, para fortalecer el control previo, se ha solicitado a la Contraloría el nombramiento de un fiscalizador con el fin de evitar que estos delitos se repitan.
Según las autoridades, la investigación se remonta al año 2021, durante la pasada administración de Conades, cuando se planificó la ejecución de múltiples proyectos en zonas rurales del país.
¿Qué es Sanidad Básica?
El programa “Sanidad Básica 100 % agua y 0 letrinas” fue impulsado entre 2014 y 2019 por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), durante los gobiernos de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo. Su objetivo era instalar unidades sanitarias para erradicar el uso de letrinas en comunidades vulnerables.
Las investigaciones del Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción sobre este programa están enfocadas en posibles casos de peculado y malversación de fondos. Se analizan contratos de unidades sanitarias que no fueron ejecutados, pagos anticipados sin respaldo físico y posibles daños patrimoniales al Estado.