Libertad Ciudadana preocupada por 'retrocesos en la lucha contra la corrupción: brecha entre discurso y acciones del Ejecutivo y Legislativo'

Ciudad de Panamá/Organizaciones de la sociedad civil han expresado su alarma ante una serie de decisiones recientes que consideran representan un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción en Panamá.

En un comunicado de prensa emitido este jueves, por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, se denuncia una creciente desconexión entre el discurso oficial sobre transparencia y las acciones concretas de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Uno de los puntos más cuestionados es la decisión del Poder Ejecutivo de conceder rebajas de pena a personas condenadas por delitos de corrupción y estafa. Según el comunicado, estas medidas “envían un mensaje equivocado” en un contexto en el que la ciudadanía exige sanciones ejemplares y coherencia con los compromisos públicos de transparencia.

Paralelamente, en la Asamblea Nacional se registró un nuevo revés para las iniciativas anticorrupción: dos proyectos de ley impulsados por el Ministerio Público —diseñados para reforzar el marco legal contra la corrupción— no lograron siquiera ingresar al debate en el pleno legislativo. Su rechazo impide actualizar herramientas fundamentales para prevenir y sancionar conductas ilícitas en la función pública.

A esto se suma la suspensión del debate sobre reformas al reglamento interno de la Asamblea, una pieza clave para garantizar mayor transparencia en la gestión parlamentaria y combatir prácticas clientelares que erosionan la confianza ciudadana.

“Estos hechos reflejan la falta de voluntad política y coordinación institucional para avanzar hacia un país más íntegro y justo”, señala el comunicado. Y concluye: “La lucha contra la corrupción demanda decisiones firmes, coherentes y un compromiso genuino del Estado en su conjunto”.

La alerta lanzada por la sociedad civil llega en un momento crítico para la gobernanza democrática en Panamá, cuando múltiples sectores exigen mayor rendición de cuentas y una verdadera renovación institucional.