Panamá impulsa uso de neumáticos reciclados en la red vial con nueva ley

Ciudad de Panamá/La Asamblea Nacional aprobó la Ley 518 del 22 de abril de 2026, una normativa que establece el uso de productos reciclados de neumáticos fuera de uso y de pavimentos asfálticos reciclados en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial del país.

La ley dispone que estos materiales sean incorporados en las mezclas asfálticas utilizadas en la superficie de rodadura y en bases estabilizadas, en proyectos previamente definidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y bajo el cumplimiento de estrictas especificaciones técnicas.

La iniciativa busca fomentar la economía circular, reducir la contaminación ambiental y optimizar los costos en la infraestructura vial, mediante el aprovechamiento de llantas que han cumplido su vida útil y del material recuperado en trabajos de mantenimiento de carreteras.

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Además, se establece que tanto las obras ejecutadas por el Estado como aquellas desarrolladas por empresas contratistas deberán incluir estos materiales reciclados. Como parte de la implementación, el MOP deberá garantizar que al menos el 5 % del kilometraje total de los proyectos incorpore neumáticos reciclados y otro 5 % pavimentos asfálticos reutilizados.

En materia de control, la normativa ordena fortalecer el Departamento de Ensayo de Materiales del MOP, que será el encargado de verificar la calidad de los insumos a través de laboratorios acreditados. Paralelamente, el Ministerio de Comercio e Industrias deberá desarrollar las normas y reglamentos técnicos necesarios para su correcta aplicación.

Otro aspecto relevante es que los materiales reciclados deberán provenir del consumo local y ser procesados por la industria nacional, quedando prohibida la importación de neumáticos fuera de uso y de su material procesado.

La ley también establece un esquema de supervisión interinstitucional en el que participan el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, entidades que velarán por el cumplimiento de las condiciones sanitarias, ambientales y de disposición final de los residuos.

Asimismo, tanto las empresas recicladoras como las compañías del sector privado deberán presentar informes anuales sobre el volumen, origen y tratamiento de los materiales utilizados, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso.

Finalmente, la normativa indica que el Órgano Ejecutivo será el encargado de reglamentarla, mientras que las instituciones involucradas deberán incluir en sus presupuestos los recursos necesarios para su ejecución.