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Panamá Ports: Autoridad Marítima activa plan de transición tras fallo de la Corte
Al respecto de la empresa APM Terminals, la AMP señala que “es una de las operadoras más confiables del mundo, lo que la convierte en una opción adecuada para asumir esta responsabilidad”.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha informado que ha activado un plan técnico de transición operativa para garantizar la continuidad de las actividades portuarias en Cristóbal en el Atlántico y Balboa en el Pacífico, luego de conocerse el fallo de inconstitucionalidad sobre la extensión de la concesión otorgada a Panamá Ports Company (PPC)
Igualmente, han dicho que continuarán con normalidad los servicios esenciales que soportan la cadena logística. Esto en su condición de propietario de los puertos para “garantiza la continuidad operativa del sistema portuario nacional”.
En un comunicado dado a conocer esta mañana, se advierte además que, el gobierno de Panamá “cumpliendo con los procesos legales correspondientes, contará, en su momento con el apoyo especializado de la APM Terminals como administrador temporal durante un periodo de transición” como ya precisó el presidente de la República José Raúl Mulino.
Al respecto de la empresa APM Terminals, la Autoridad Marítima señala que “es una de las operadoras más confiables del mundo, lo que la convierte en una opción adecuada para asumir esta responsabilidad”.
La AMP reitera que no habrá interrupciones de los servicios para las navieras y sus clientes y que se mantienen los niveles “óptimos de productividad, eficiencia y calidad”.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico. Esta decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria del 29 de enero de 2026, tras una amplia deliberación de dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada No. 17547-2025, según informó el Órgano Judicial mediante un comunicado oficial.
Los magistrados consideraron en su análisis de la demanda que, tanto la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, como sus adendas y el acto de prórroga vinculados al contrato vulneraban disposiciones de la Constitución Política de la República de Panamá, poniendo fin al marco legal que sustentaba la concesión otorgada a PPC para operar estas terminales estratégicas
