Gobierno emite decreto para proteger el 13% de aguas marinas

Panamá tiene ahora bajo protección el 13% de sus aguas jurisdiccionales, luego de que el presidente Juan Carlos Varela firmó este martes sendos decretos que crean dos nuevas áreas marinas protegidas.

El decreto afecta un total de 31.435 kilómetros cuadrados que incluyen la Cordillera de Coiba en el Pacífico y Banco Volcán en el Caribe.

La medida significa aumentar de 3.7% a un 13.5% el área de protección de su territorio marino.

"Estas dos nuevas áreas marinas protegidas reafirman nuestro compromiso de administrar el Estado con una gestión ambiental responsable, velando para que se conserven ecosistemas claves que albergan la biodiversidad marina de Panamá", apuntó Varela al suscribir el decreto.

Ahora el gobierno panameño deberá realizar un plan de manejo, que permitirá determinar qué se puede o no se puede hacer en esas áreas y acceder a fondos internacionales para su cuidado.

La medida contribuye a la conservación de las zonas de montañas submarinas, importantes para las especies residentes y las altamente migratorias.

Las zonas de montañas submarinas, que albergan una gran biodiversidad, representan un oasis en aguas de mar abierto porque ayudan a garantizar el funcionamiento de los ecosistemas.

Algas, corales, esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos, peces y otros más están entre los habitantes de estos fondos marinos.

Además, estas montañas submarinas protegen las especies migratorias, como ballenas, tortugas marinas y tiburones, así como especies de valor comercial, como el atún, entre otras.

La abundancia de plancton, nutrientes y alimento en general hace de estas áreas en medio del mar el lugar para que esas especies migratorias se alimenten, apareen y reproduzcan.

Según Varela, con esta medida, apoyada por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, con sede en Panamá), el país centroamericano cumple con una de las Metas Aichi, o metas globales para la diversidad biológica.

Esas metas establecen que los países deben declarar al menos el 10% de sus zonas marinas y costeras, como sistemas de áreas protegidas.