Presentarán proyecto de ley para regular operación de parques de diversiones
La muerte de una menor de edad en la “Ciudad Mágica”, un parque de diversiones que se instala por temporadas en Penonomé y otras ciudades del interior, ha provocado la reacción de las autoridades que ahora establecerán regulaciones para esas empresas.
En Panamá no existe norma que regule a los parques de diversiones, confirmó el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, solo se tiene un entendimiento con la Organización Global que tiene que ver con los parques de diversiones de América Latina.
Lo que se traduce en un documento estándar para todas las empresas que se dedican a ese tipo de actividades, más no está adaptado a Panamá y no establece de manera clara quién hace qué.
Asegura que la “protección civil” es un panorama muy amplio, pero si no se tienen las normativas jurídicas que den un mandato a una entidad para actuar en determinado momento, entonces las cosas se quedan de manera muy general.
Antes del accidente de la menor en Penonomé, lo que sucedía era que los parques de diversiones llegaban a un poblado y se instalaban sin mucha vigilancia, solo cumpliendo con el pago de los impuestos municipales.
Donderis deja claro que solo puede hacer hasta donde la ley se lo permite porque como funcionario es objeto de demanda en el caso de que se llegue a extralimitar de sus funciones y al no existir una base legal clara que estandarice los protocolos y procedimientos del mantenimiento y funcionamiento de los aparatos, lo que el Sinaproc hizo fue avanzar en las inspecciones estructurales, por parte del equipo de ingeniería de la entidad.
En las inspecciones que se realizaron se pudo verificar que las empresas que iban a operar en la Feria Internacional de Azuero, tenían cables en pésimo estado, por lo que no se permitió su operación hasta que se corrigieran las irregularidades.
Con todas las situaciones que se han generado, Donderis detalló que se tiene el borrador de un proyecto de ley, con el que se organizaría la operación de las empresas de juegos mecánicos y así permitir a los entes que tengan la capacidad de que si no se cumple con una norma, se apliquen sanciones.