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Ciudad de Panamá/El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Eduardo Vázquez de Cambio Democrático, hizo un balance del proceso de vistas presupuestarias para 2027 y reconoció que el debate dentro de la instancia legislativa ha estado marcado por diferencias políticas.
Vázquez sostuvo que la comisión debe concentrarse en identificar los puntos donde el presupuesto pueda generar inversión, movimiento económico y resultados para la población, en lugar de desviar la discusión hacia confrontaciones políticas.
También reconoció que existe un problema de asistencia de los diputados a esta comisión, y que por el momento no se puede hacer nada por esta situación, ya que la norma habla de poder iniciar el debate con 5 diputados y las votaciones con 8, sin necesitar a los 15 comisionados para iniciar o aprobar.
Yo creo que hay un problema enorme en la comisión. Nosotros iniciamos 8 o 9 de la mañana la vista presupuestaria o traslados y hay 6, 7 diputados con un deliberativo. Entonces los diputados solamente entran cuando quieren debatir el tema que les interesa y se van", afirmó.
El diputado señaló que las instituciones solicitaron inicialmente alrededor de $40 mil millones, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó un presupuesto de aproximadamente $35 mil millones. El proyecto para 2027 asciende a unos $35,111 millones.
A su juicio, uno de los problemas que debe discutirse son las leyes especiales que comprometen una parte importante de los recursos del Estado, aunque reconoció que abordar este tema puede tener un costo político.
Vázquez planteó que la comisión debe buscar un punto de entendimiento para atender las necesidades de instituciones consideradas prioritarias, particularmente en materia de salud e infraestructura.
Durante la entrevista también se abordó el enfrentamiento registrado en la Comisión de Presupuesto durante el análisis de una partida del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en medio de cuestionamientos sobre la contratación de empresas señaladas por casos de corrupción por parte de la diputada Yamireliz Chong.
Vázquez defendió la importancia de la fiscalización de los diputados y agregó que las comunidades también cumplen un papel fundamental en el seguimiento de las obras públicas. Reconoció que existen empresas cuestionadas que continúan participando en procesos de contratación y explicó que, mientras una compañía no sea inhabilitada mediante los mecanismos correspondientes, un ministro podría exponerse a demandas si decide impedirle participar de una licitación.
El diputado consideró necesario avanzar en cambios a la ley de contrataciones públicas, debido a los retrasos que pueden producirse cuando las empresas apelan procesos y también por los casos de obras abandonadas que terminan generando mayores costos al Estado.
Vázquez explicó que, tras concluir las vistas presupuestarias, la comisión se encuentra en la etapa de analizar las solicitudes de las instituciones y preparar las recomendaciones que serán enviadas al Ejecutivo el próximo 12 de octubre. La Asamblea ha señalado que estas recomendaciones no implican aumentar el monto global del presupuesto, sino revisar la distribución de los recursos.
Entre las prioridades mencionadas por el diputado están salud, infraestructura y el pago de primas de antigüedad.
En materia sanitaria, adelantó que se busca recomendar mayores recursos para instituciones como el Instituto Conmemorativo Gorgas, el Hospital del Niño, el Hospital José Domingo de Obaldía y el Nicolás A. Solano, entre otros centros.
La Comisión de Presupuesto también solicitó a las instituciones información sobre el estado de las obligaciones relacionadas con las primas de antigüedad.
Según Vázquez, la deuda acumulada por este concepto ronda los $200 millones desde 2014.
El diputado indicó que la intención es formular recomendaciones institución por institución para que el Ejecutivo pueda considerar recursos destinados a atender estos compromisos.
Otro de los temas abordados fue el presupuesto de la propia Asamblea Nacional.
Vázquez afirmó que el monto recomendado para el Legislativo, que es de $96 millones, no refleja el costo total de funcionamiento de la institución, que, según sus cálculos, se acerca a entre $172 millones y $175 millones.
Aseguró que el gasto ha aumentado debido a la acumulación de personal permanente durante distintos quinquenios y sostuvo que, si no se modifica la estructura administrativa y legislativa de la Asamblea, el presupuesto continuará creciendo.
Si no tocamos la carrera legislativa, el presupuesto no va a bajar”, precisó.
Vázquez reconoció que modificar esta estructura implica un costo político, pero consideró que todavía existen dos años para impulsar cambios que permitan reducir gastos y mejorar los beneficios que recibe la población.
Sobre los cuestionamientos por la baja ejecución de algunas instituciones, el diputado defendió la gestión del Ministerio de Obras Públicas y señaló que su titular ha solicitado traslados presupuestarios para continuar proyectos de infraestructura. Consideró que parte del problema responde a años de obras inconclusas o de baja calidad y sostuvo que algunas inversiones de impacto nacional requieren tiempo para reflejar resultados.
En este punto también cuestionó el caso de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) que, según dijo, cuenta con un presupuesto de $8 millones para alrededor de 90 estudiantes y cuya administración está bajo revisión. Vázquez indicó que esperan una auditoría de la Contraloría para determinar qué decisiones tomar respecto a esa institución.
También planteó que la Asamblea debe avanzar en mecanismos que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos.
Consideró que una de las vías es establecer mayores consecuencias para las empresas involucradas y probadas en casos de corrupción, además de mejorar las reglas de contratación pública. A su juicio, la certeza de que habrá consecuencias ante irregularidades puede contribuir a cambiar la percepción ciudadana sobre la Asamblea y la administración de los fondos estatales.
Por último, Vázquez se refirió a las reformas electorales, cuyo debate se encuentra suspendido. El diputado consideró que el proyecto debería regresar a primer debate, debido a la forma en que llegó al Pleno, y sostuvo que se deben garantizar reglas claras e iguales para todos los participantes.
Ha sido muy traumática la forma en que llegó. Nosotros necesitamos garantizar paz en la población", subrayó.
También cuestionó aspectos relacionados con la impugnación de cambios de residencia en el padrón electoral. Según explicó, le preocupa que el mecanismo contemple un periodo limitado para impugnar determinadas inclusiones y que no permita revisar cambios realizados en años anteriores. Vázquez insistió en que el debate debe retomarse buscando reglas claras para garantizar la tranquilidad de la población de cara al próximo proceso electoral.
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