Procuraduría de la Administración emite opinión sobre obligatoriedad de vacunación anticovid

El procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió su opinión al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, con referencia a la consulta sobre: “La necesidad de un instrumento jurídico para respaldar la obligatoriedad de vacunación contra la COVID-l9 adicional a la Ley No 48 de 5 de diciembre de 2007”.

Entre las conclusiones emitidas por la Procuraduría de la Administración señalan que: “Cuando considere que la salud de la población está en riesgo, el Ministro de Salud puede ordenar las acciones de inmunización extraordinarias que sean necesarias, las cuales serán obligatorias para todos los residentes en la República”.

La respuesta de la Procuraduría de la Administración se da a la nota No 3001-DMS-OAL fechada 7 de diciembre de 2020, recibida por la entidad el 9 de diciembre de 2021.

La Procuraduría señala en su respuesta que:

Este Despacho considera necesario advertir que es un derecho de las personas (nacional o extranjero) recibir la aplicación de las vacunas que le garanticen la protección de su salud contra las enfermedades incluidas en el Esquema Nacional de Inmunizaciones brindado por el Estado, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el apoyo técnico de la Comisión Nacional Asesora de las Prácticas de Inmunización (CONAPI)”.

La respuesta a la consulta añade que:

Cuando considere que la salud de la población está en riesgo, el Ministro de Salud puede ordenar las acciones de inmunización extraordinarias que sean necesarias, las cuales serán obligatorias para todos los residentes en la República. Consideramos que, en función de las competencias establecidas en la Ley N'48 de 2007, dichas inmunizaciones extraordinarias deberán corresponder a las vacunas incluidas en el Esquema Nacional de Inmunizaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones al momento de ser ordenadas, de acuerdo con un procedimiento que debe estar previamente establecido para ello”.

La respuesta firmada por el procurador de la Administración, Rigoberto González, fechada este miércoles 29 de diciembre, finaliza indicando que “las acciones que tomen el Ministerio o el Ministro de Salud con respecto a los procesos de inmunización o vacunación, deben realizarse con absoluto respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, especialmente el derecho a la vida y la integridad personal; y, deben ser proporcionales y congruentes con los riesgos para la salud pública de que se trate, como lo establecen las disposiciones legales y convencionales a las que nos hemos referido”.