Proyecto que busca responsabilizar procesos de construcción está en subcomisión y abierto a propuestas

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 500 familias del sector oeste del país, específicamente en la barriada Valle de los Cerezos, enfrentan desde hace años graves problemas estructurales en viviendas que fueron compradas como proyectos formales, situación que hoy es impulsora de una iniciativa legislativa que busca poner fin a estas prácticas.

El proyecto, presentado por el diputado Lenín Ulate, adopta medidas para subsanar y responsabilizar los procesos de construcción de promotoras y constructoras. Ulate explicó que esta iniciativa surge a raíz de las constantes denuncias y reclamos de la ciudadanía, que se sienten engañados en la compra de sus viviendas y han enfrentado irregularidades en sus hogares.

Durante inspecciones realizadas en el área, Ulate y su equipo constataron vicios ocultos en la construcción, desprendimientos de losas, filtraciones, deficiencias en plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de traspaso de sistemas de agua y abandono en infraestructura básica. Testimonios recogidos en el lugar evidencian el riesgo que enfrentan las familias, incluyendo adultos mayores que temen dormir en sus propias habitaciones ante el peligro de colapsos.

“Estas personas lucharon toda su vida por una vivienda digna y hoy ese sueño se ha convertido en una pesadilla”, afirmó el diputado, al señalar que las denuncias no se limitan al sector oeste, sino que se repiten en otras provincias del país.

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Ulate detalló que actualmente la iniciativa se encuentra en fase de subcomisión, abierta a recibir propuestas de todos los sectores, incluyendo a la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), a quienes instó a presentar aportes concretos en lugar de oponerse al proyecto. Aclaró que la propuesta no busca atacar a las promotoras, sino garantizar que las construcciones se realicen de forma responsable y con acompañamiento del Estado a las familias afectadas.

En cuanto a la protección legal actual, el diputado indicó que las familias prácticamente solo cuentan con el respaldo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), pero muchas no han podido presentar denuncias formales por falta de recursos.

Ante esto, anunció una hoja de ruta que incluye el levantamiento de informes casa por casa para presentar un expediente único ante la Defensoría del Pueblo y la propia Acodeco.

Uno de los hallazgos más graves señalados por Ulate es que Valle de los Cerezos inició como un proyecto de inversión social, con viviendas que debían venderse a un precio tope de 11 mil dólares, pero posteriormente pasó a manos privadas, vendiéndose casas por 30 mil dólares o más, utilizando los mismos materiales que hoy representan un riesgo para sus residentes.

Además, el diputado advirtió sobre violaciones ambientales, como contaminación de ríos y fuentes hídricas, y la instalación de tuberías de agua con diámetros inferiores a los establecidos por norma, lo que compromete el acceso a servicios básicos.

El proyecto de ley contempla sanciones para promotoras y funcionarios públicos, mayor fiscalización durante el proceso constructivo y medidas para evitar que se aprueben obras que no correspondan a los planos autorizados.