Proyecto que permite el perdón de la víctima tras condena genera debate; Mulino con la última palabra
La propuesta se encuentra en manos del presidente José Raúl Mulino.
Panamá/El Proyecto de Ley 174 de 2025, que adiciona el artículo 115-A al Código Penal y permite que el perdón de la víctima extinga la pena en ciertos delitos de menor gravedad, ha generado un amplio debate en el ámbito jurídico y político, mientras el documento aguarda la firma o veto del presidente José Raúl Mulino.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el 25 de septiembre esta iniciativa impulsada por el diputado de Realizando Metas Jamis Acosta, establece que el perdón podrá aplicarse en casos de homicidio culposo simple, lesiones personales simples o culposas leves, así como en delitos patrimoniales menores, como hurto simple, estafa, apropiación indebida, usurpación, daños o delitos cometidos con cheque, siempre que el perjuicio económico no afecte gravemente el patrimonio de la víctima.
El nuevo artículo también contempla delitos como calumnia e injuria, violación de domicilio o del secreto, propiedad intelectual (sin riesgo a la salud pública) y falsificación de documentos en perjuicio de particulares. No obstante, excluye expresamente los delitos contra la libertad e integridad sexual, así como los de corrupción, blanqueo de capitales y homicidio doloso, entre otros.
“El perdón no anula la sentencia, solo extingue la pena”
El proponente del proyecto, diputado Jamis Acosta, explicó que la figura del perdón no representa una novedad en el derecho panameño, sino una precisión normativa que busca evitar interpretaciones judiciales contradictorias.
“La figura del perdón, como se constata del proyecto, solo procede por delitos que no son graves. (…) Si una persona es condenada, por ejemplo, a cinco años por una estafa y luego resarce totalmente el daño, la víctima puede comunicar al juez penal que otorga su perdón. En ese caso, la sentencia no se anula, solo se extingue el cumplimiento de la pena”, detalló Acosta.
El diputado enfatizó que el perdón solo procede si la víctima ha sido resarcida íntegramente del daño causado y actúa de manera libre y voluntaria. Además, aclaró que, aun cuando el condenado sea beneficiado con el perdón, mantendrá antecedentes penales que reflejan la condena original.
En su argumentación, Acosta señaló que la figura del perdón ya existe en el Código Penal, específicamente en el artículo 115, como una de las causas de extinción de la pena, junto a la muerte, el indulto o la amnistía.
El proyecto busca, según explicó, “dar certeza y claridad al alcance del perdón para delitos leves”, alineándose con criterios de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, diferenció el perdón de las medidas de solución alterna del conflicto penal, que se aplican antes de una sentencia. “El desistimiento de la pretensión punitiva representa una salida alterna durante el proceso, antes de una sentencia. En cambio, el perdón ocurriría en este caso, después de una condena en firme, cuando la víctima considera que el daño ha sido reparado y decide extinguir la pena”, puntualizó.
Pese a lo planteado por Acosta, desde el Ministerio Público persiste la advertencia y es que la ley no precisa en qué etapa procesal puede solicitarse el perdón, ni cómo deberá tramitarlo el juez, lo que, a juicio de la fiscal Superior de Asuntos Legales, Aida Castro, podría provocar criterios dispares entre tribunales y diluir el principio de certeza del castigo.
Colegio Nacional de Abogados respalda la iniciativa
Entre las voces que han manifestado apoyo a la propuesta está la de la presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño, quien reconoció la importancia de delimitar la aplicación del perdón dentro de la legislación penal.
“El perdón de la víctima, en los casos autorizados por la ley, ya existe en la normativa actual. Sin embargo, con el Proyecto de Ley 174 se establecen los delitos específicos en los cuales puede aplicarse, evitando interpretaciones subjetivas de fiscales y jueces”, señaló Cedeño.
La jurista destacó que el CNA respalda el esfuerzo por “consolidar principios y reglas claras en la jurisdicción penal”, y se mostró dispuesta a colaborar en la redacción de textos legislativos “fiables y pertinentes”.
A la espera de decisión presidencial
El proyecto, aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, se encuentra ahora en el despacho del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir si sanciona o veta la norma.
Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que la figura fortalece la justicia restaurativa y quienes advierten que podría abrir espacios de interpretación en la aplicación de penas.