Samira Gozaine: 'No hay nada humanitario en seguir permitiendo esta migración'

Ciudad de Panamá, Panamá/Una crisis migratoria sin precedentes es la que está atravesando Panamá y Centroamérica, por los miles de migrantes irregulares que transitan a diario, por la inhóspita selva de Darién, para continuar su recorrido hacia Estados Unidos, con la esperanza de obtener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, son pocas las personas que toman en cuenta los peligros a los que se estarán enfrentando si deciden emprender su travesía por este lugar. En lo que va del año, se contabilizan más de 320,000 personas que han transitado por la selva. Una cifra superior a la reportada en 2022, encendiendo una vez más las alertas de las autoridades panameñas.

Ante el inminente incremento de estos migrantes irregulares, el Gobierno Nacional junto a diversas organizaciones lanzaron la campaña “Darién no es una ruta, es una selva”.

De acuerdo con la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, solo el pasado 27 de agosto, llegaron a la provincia cerca de 2,800 personas, que, en ocasiones anteriores, producto de las pésimas condiciones climáticas, tomaban la decisión de no transitar mientras duraran las lluvias, dada la peligrosidad de las crecidas de los ríos.

“Efectivamente, la crisis ha escalado. En 2016 se manejaban cerca de 20,000 personas en un año, y ya era considerado una crisis. Ahora, solo en el mes de agosto se reportaron más de 55,000 que han atravesado la selva, llegando a poblados como Bajo Chiquito que tienen una población de 200 personas. Los migrantes los están sobrepasando. La situación es difícil”, expresó Gozaine.

Sobre los motivos por los que, esta crisis es considerada un problema de seguridad nacional, Gozaine manifestó que el estilo de vida en los poblados originarios donde se reciben a las personas se ha visto afectada.

“Ellos ya no se dedican a lo que realizaban antes. Se dedican a robar a los migrantes. Los niños llegan a su escuela con al menos 50 dólares porque les pagan un dólar por cargar cosas de un lado al otro. En estos pueblos los migrantes duermen en la calle e inclusive hacen sus necesidades fisiológicas por las vías. Cuando realizamos operativos en la provincia de Chiriquí, hemos visto a estas personas en los semáforos con una actitud violenta. Hay una situación de inseguridad que percibe la gente que los ve en las calles”, agregó.

Gozaine también dijo que, Panamá es el único país que no les cobra a estas personas y que los organismos internacionales le exigen.

“No hay nada humanitario seguir permitiendo esta migración. Sin embargo, para nosotros poder hacer un alto real o por lo menos hacer una contención que nos permita realmente ayudar a estas personas, requerimos que todas las naciones se involucren, sobre todo Colombia. Los organismos internacionales nos quieren organizar y decirnos qué hacer, más no nos ayudan en fondo e intervenciones reales”, manifestó.

Comisión de alto nivel recorre Darién

En días pasados, una comisión de alto nivel del Gobierno, encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, y otros ministros y viceministros de Estado, recorrió la zona fronteriza entre Panamá y Colombia para conocer más de cerca la situación que se vive en esta región.

Durante esta gira, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, dijo sentirse consternada y preocupada por el paso de 60 mil niños por la selva de Darién, y que de esos, hay 30 mil niños que tienen entre dos y siete meses de nacidos.

Ante esto, Gozaine dijo que, se están cometiendo situaciones realmente violatorias a los derechos de los niños que no tienen voz y los organismos internacionales como la Unicef no los están protegiendo como debe ser.

“¿Por qué no van a Colombia y preguntan por qué los dejan pasar? Porque no los deberían dejar pasar. Allá todo es un negocio. El pueblo les cobra, los secuestran y no los deja pasar, si no les pagan 500 dólares por persona. Les preguntaba y me decían, no hay autoridades aquí que estén controlando y regulando nada. Se sienten seguros cuando ven la bandera de Panamá”, reveló. 

Para la directora, estas personas tienen derecho a migrar, pero de forma ordenada y segura, respetando las normas de cada país, por el contrario, aseveró que estas personas son utilizadas por las organizaciones criminales que les están cobrando y vendiendo una vía segura de viaje donde no requieren presentarle ningún documento a ningún estado y están violando las normas.