Tribunal de la Función Pública no ha tramitado apelaciones por destitución en dos años y medio, ¿Cuál es la razón?

Panamá/El Tribunal Administrativo de la Función Pública no ha podido tramitar ninguna apelación relacionada con destituciones durante los últimos dos años y medio.

¿La razón? El pleno no se encuentra constituido con sus tres magistrados. Así lo indicaron los dos magistrados encargados de ese Tribunal, durante la sustentación presupuestaria de la entidad, donde se explicó que esta situación mantiene suspendida la totalidad de las acciones presentadas por servidores públicos destituidos.

El 100% de las acciones de destitución de los últimos dos años y medio” está suspendido, afirmó Carlos Ayala Montero, magistrado vicepresidente.

“Sí, porque no podemos tramitarlas”, respondió al ser consultado sobre la imposibilidad de atender estos recursos.

Según explicó, exfuncionarios han acudido al tribunal para apelar sus desvinculaciones, pero la institución no puede ejercer actualmente esa competencia.

Han llegado algunos exfuncionarios diciendo: ‘Yo vengo a apelar mi destitución’, y les tenemos que decir: ‘No, no puedes’. Tenemos la facultad, pero no la podemos ejercer”, manifestó el magistrado.

La magistrada presidenta de este Tribunal, Nelly González Hernández, aclaró que la paralización afecta específicamente las acciones relacionadas con destituciones y que permanecerá hasta que el tribunal cuente con sus tres magistrados.

Solo está suspendida, por efecto de la falta del pleno de magistrados, la acción de recursos humanos sobre destituciones. Eso se encuentra suspendido a la espera de que el tribunal esté constituido con sus tres magistrados”, detalló.

La ley establece que el Tribunal debe estar integrado por tres magistrados principales y sus respectivos suplentes: dos son nombrados por el Órgano Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Nacional; y uno es nombrado directamente por la Asamblea Nacional.

El nombramiento del tercer magistrado corresponde al Órgano Ejecutivo y posteriormente debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. Actualmente, el tribunal está integrado por Nelly González Hernández, nombrada por el Legislativo, y Carlos Ayala Montero, designado por el Ejecutivo y ratificado por la Asamblea.

El expresidente Laurentino Cortizo había designado a Andrés Wong como magistrado principal y a Jaime Vigil como suplente, pero no fueron ratificados por la Asamblea. En diciembre de 2024, el presidente José Raúl Mulino dejó sin efecto esos nombramientos.

El Tribunal Administrativo de la Función Pública es una entidad independiente encargada de resolver los conflictos laborales entre las instituciones del Estado y sus servidores públicos. Entre sus competencias se encuentran atender recursos de apelación relacionados con acciones de recursos humanos, como destituciones, así como reclamos por prestaciones laborales, incluido el pago de la prima de antigüedad.

Más de 1,300 casos continúan en trámite

Desde el inicio de sus operaciones, en junio de 2024, el Tribunal ha recibido 2,172 casos, de los cuales 869 han sido resueltos y 1,303 permanecen en trámite.

Pendientes no significa que estén en una gaveta; están moviéndose en el proceso, porque el proceso lleva varias fases. Pueden estar en pruebas, en tránsito hacia una resolución de fondo o sujetos a un incidente de una institución. Están en trámite realmente, no están detenidos”, explicó la magistrada presidenta.

También señaló que una parte importante de los expedientes recibidos corresponde a reclamos de prestaciones laborales, principalmente por el pago de la prima de antigüedad.

De los 2,172 casos recibidos por el tribunal desde que inició operaciones, el 88.4% corresponde a reclamos de prestaciones laborales y no a recursos de apelación, según explicaron los magistrados.

Al ser consultados sobre la presentación de reclamos relacionados con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la prima de antigüedad, que le otorga ese derecho a los servidores públicos, incluidos aquellos que antes estaban excluidos (directores, ministros, magistrados, etc.) por la Ley 241 de 2021, el magistrado vicepresidente señaló que el tribunal todavía no ha recibido expedientes sustentados en esa decisión.

No, aún no, porque el fallo no ha sido publicado en Gaceta Oficial. Rige a partir de la publicación en Gaceta Oficial”, explicó el magistrado vicepresidnete.

Limitaciones presupuestarias y de personal

La magistrada también advirtió sobre las dificultades que enfrenta la entidad por falta de personal. Actualmente, la Secretaría Judicial cuenta con 17 funcionarios, entre ellos 12 abogados y cuatro notificadores encargados de realizar diligencias en campo. Esta instancia debe atender las 5,263 gestiones procesales acumuladas, entre notificaciones y comunicaciones, dijeron los magistrados. .

La institución había previsto crear nuevas posiciones para fortalecer sus áreas judiciales y administrativas, pero no logró completar esa meta.

“Nosotros sí establecimos una meta, pero no pudimos lograrla, porque al final solo pudimos llevar 17 servidores funcionarios nombrados”, señaló la magistrada. El tribunal cuenta actualmente con 58 funcionarios permanentes, 17 transitorios y uno en préstamo interinstitucional.

También enfrenta dificultades para garantizar la continuidad del alquiler de su sede en PH Torres Humboldt, en Marbella, debido a la falta de fondos en la partida de mantenimiento.

“Ni siquiera hemos podido iniciar el contrato de arrendamiento a un año porque no hay dinero en la partida de mantenimiento y, por ello, el MEF no nos puede certificar”, advirtió.

La entidad solicitó que durante la formulación y aprobación del presupuesto se consideren necesidades apremiantes estimadas en $1,127,145, entre ellas la contratación de personal y el arrendamiento de una sede que facilite el acceso de adultos mayores y servidores públicos de escasos recursos.

En el presupuesto de 2025 tuvo una asignación de $2 millones 937 mil; en 2026 fue de $3 millones 206 mil y, tras su modificación, ascendió a $3 millones 296 mil. Para 2027, la asignación es de $2.5 millones.