Sin compensación, arroceros aseguran que tambalea la siembra del grano

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque el último inventario nacional de arroz registra una proyección de la existencia del grano hasta el 24 de septiembre, la finalización este 30 de abril de la compensación de $7.50 que el gobierno otorgaba a los arroceros por quintal del cereal vendido a la industria “pone en aprietos las siembras futuras”.

Esto lo afirman arroceros consultados en las provincias de Chiriquí y Veraguas, quienes sostienen que sin los $7.50 de compensación en esta nueva zafra que se avecina solo recibirán el precio por quintal que establezcan los molineros.

En 2024, los arroceros indicaron que recibieron de parte de los molineros un precio de compra de $24 y $25 por quintal, que más los $7.50 hacían un promedio de entre $31.50 y $32.50, respectivamente.

“Hasta la fecha no se ha hablado de precio”, dijo Rodrigo Araúz, productor de arroz del área de Progreso, Barú, provincia de Chiriquí.

Al respecto, Raúl Palacios, vicepresidente de la Asociación de Molineros de Panamá (Analmo), aclaró que el precio de compra por quintal en 2024 terminó en $26.00 y que en esta nueva zafra puede ser igual, “o un poquito más”, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales del grano.

“Siempre estaremos con los productores, queremos que se queden en el campo produciendo arroz de calidad”, afirmó.

Al referirse al inventario gubernamental, que indica que habrá arroz hasta el 24 de septiembre, Palacios aclaró que “esto es solo una proyección, por lo que se necesita garantizar una verdadera seguridad alimentaria”.

A manera de ejemplo, manifestó que “si usted tiene un poco de sal en su casa, no va a esperar a que se le acabe para salir a comprar”, por lo que hay que garantizar que el arroz siempre esté disponible, pues no se sabe si el consumo aumente.

Hoy día los panameños mantienen un consumo anual per cápita de unos 73.48 kilogramos (162 libras) de arroz, cereal que en un 60% es vendido al consumidor por las cadenas y negocios de supermercados.

En la última reunión de la cadena agroalimentaria de arroz, los molineros solicitaron que se les permitiera importar 2 millones 200 mil quintales del grano, que garantizarían al menos 3 meses más de consumo, pero no se les autorizó.

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Palacios indicó que, en la próxima reunión de la cadena agroalimentaria de arroz, a realizarse precisamente el 30 de abril, cuando termina la compensación a los productores, insistirán en la propuesta.

Existe, señaló, “la necesidad de tener un colchón”, pues hay un periodo de 30 a 40 días en que el grano procesado necesita reposo, y es un tiempo en que el arroz no puede faltar en la mesa de los panameños.

Por su parte, los productores insistieron en que la falta de los $7.50 de la compensación para esta nueva zafra va a complicar las cosas, porque los costos de producción se mantienen, aunado a los efectos cada vez más inclementes del clima.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) asegura que el costo de producción es de $2,500 por hectárea, mientras que los productores se decantan por $2,800.

“Estamos en una incertidumbre, sin la compensación perderíamos plata. Esto podría causar al final una disminución de las áreas sembradas a nivel nacional, amén de que todavía se nos deben $5 millones de la zafra 2023-2024”, advirtió un productor que participa en la cadena agroalimentaria y que pidió la reserva de su nombre.

En cuanto a las cadenas agroalimentarias, la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) afirmó que se han convertido en una instancia donde productores, intermediarios y comerciantes acuden solo para fijar precios, en detrimento de los consumidores.

En carta enviada al titular del MIDA, Roberto Linares, y que lleva la firma de su presidente, Pedro Acosta Insturaín, la unión de consumidores sostiene que, en las cadenas agroalimentarias de productos agrícolas de alto consumo, como la cebolla, la papa y el maíz, no se está cumpliendo con el requisito de elaborar un plan de acción que permita establecer acuerdos de competitividad que garanticen equilibrio y sostenibilidad en el mercado.

Con anterioridad, los consumidores habían advertido que la cadena de papa y cebolla se ha convertido en un escollo para que el consumidor tenga el derecho de elegir entre un producto nacional y uno importado, que paga sus impuestos.

Las cadenas agroalimentarias están regidas por la Ley 49 del 16 de junio de 2017 y el Decreto Ejecutivo 132 del 28 de diciembre de 2018.

Seguir omitiendo estas normas “perjudica directamente a los consumidores, quienes enfrentan precios elevados y desproporcionados sin una justificación técnica ni económica, además de abrir la puerta a posibles prácticas monopolísticas y de concentración que atentan contra el libre mercado y la seguridad alimentaria del país”, afirma la Uncurepa.