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Panamá/Cada 8 de marzo las calles, las instituciones y los espacios públicos en Panamá se llenan de voces que recuerdan que los derechos de las mujeres no fueron concedidos de forma espontánea. Han sido fruto de décadas de organización, movilización y persistencia.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer llega este año acompañada de reflexiones sobre lo alcanzado y lo que aún falta por conquistar. Desde el reconocimiento del voto femenino y la apertura progresiva de espacios de liderazgo hasta la creación de instituciones dedicadas a impulsar políticas públicas de igualdad, el camino recorrido ha transformado el panorama social del país.
Sin embargo, activistas y organismos internacionales coinciden en que las brechas continúan marcando la vida de millones de mujeres. Bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, ONU Mujeres hace un llamado global a derribar las barreras estructurales que aún limitan el acceso de las mujeres a la justicia, entre ellas leyes discriminatorias, protecciones legales débiles y normas sociales que perpetúan la desigualdad.
El organismo advierte que los sistemas judiciales todavía fallan en proteger plenamente a las mujeres. A escala mundial, ellas cuentan con solo el 64% de los derechos legales que poseen los hombres, lo que las expone a discriminación, violencia y exclusión.
El informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas” revela que en el 54% de los países la violación aún no se define legalmente sobre la base del consentimiento. Además, en casi tres de cada cuatro países la ley todavía permite el matrimonio infantil y en el 44% de las naciones no existe igualdad legal de remuneración por trabajo de igual valor.
La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, advierte que la falta de justicia tiene consecuencias que trascienden los casos individuales. “Cuando se niega la justicia a las mujeres y niñas, el daño va mucho más allá de un caso concreto. La confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita. Un sistema judicial que falla a la mitad de la población no puede alardear de estar defendiendo la justicia”.
El informe también evidencia señales de progreso. El 87% de los países ya cuenta con leyes contra la violencia doméstica y más de 40 naciones han fortalecido la protección constitucional de los derechos de las mujeres en la última década. Aun así, los expertos coinciden en que las leyes por sí solas no bastan si no se traducen en políticas públicas efectivas.
En Panamá, los avances en materia de derechos de las mujeres se reflejan en la creación de legislación contra la violencia de género, el establecimiento de mecanismos institucionales para impulsar la igualdad y la creciente participación femenina en la educación superior.
A pesar de estos logros, las organizaciones sociales advierten que la violencia, las desigualdades laborales y las barreras para la participación política siguen siendo desafíos urgentes.
Joyce Araujo, de Fundagénero, advierte que la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática estructural.
La lucha contra la violencia de género todavía enfrenta muchos desafíos. A pesar de las leyes aprobadas en Panamá, la violencia doméstica, la violencia sexual y el feminicidio son problemas de salud pública que no han tenido un abordaje interseccional, lo que trae como consecuencia el rompimiento del tejido social”.
La activista también señala que algunas propuestas en discusión podrían representar retrocesos institucionales.
“Estamos ante la propuesta de la eliminación del mecanismo nacional de la mujer, lo cual sería un retroceso, no solamente en materia de regresividad en derechos humanos de las mujeres, sino también de representatividad de la voz de la mitad de la población y de la rectoría de los derechos de las mujeres desde el Ejecutivo”.
Otro de los temas que genera preocupación es la participación política. “No se ha eliminado la válvula de escape en las reformas electorales. Se mantiene una paridad que no es real porque la norma permite que si las mujeres no participan esos espacios se llenen con hombres y eso es lo que ocurre dentro de los partidos políticos”.
Las desigualdades también se evidencian en el ámbito económico. Aunque las mujeres representan una proporción creciente de profesionales egresadas de las universidades, los cargos directivos continúan ocupados mayoritariamente por hombres y la brecha salarial persiste.
A ello se suma el peso del trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres dedican muchas más horas que los hombres a estas tareas, lo que limita su acceso a oportunidades laborales y de liderazgo.
La abogada y defensora de los derechos políticos de las mujeres, Elia López de Tulipano, considera que el país enfrenta un momento clave en materia de políticas públicas de igualdad.
“Panamá enfrenta este 8 de marzo de 2026 una crisis de validación institucional del mecanismo nacional para el adelanto en las políticas públicas de igualdad y no discriminación de las mujeres, el Ministerio de la Mujer”.
Para López, la institucionalidad es clave para avanzar en políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población. “Pretender continuar invisibilizando la valía de las mujeres en las tareas del cuidado tanto en lo social como económico causa profunda distorsión en la economía nacional y perpetúa la discriminación y las desigualdades”, dijo López de Tulipano.
Los datos reflejan tanto avances como desafíos. De acuerdo con el informe 2025 del Ministerio de la Mujer, la línea 182 “Contigo Mujer” atendió 13 mil 486 casos, mientras que 5 mil 139 llamadas fueron coordinadas con el Centro de Operaciones de la Policía Nacional. Además, 41 mujeres junto a sus hijos e hijas recibieron protección en albergues, un esfuerzo orientado a prevenir situaciones de riesgo.
Sin embargo, la violencia sigue siendo una preocupación. Según cifras del Ministerio Público, en 2025 se registraron 17 femicidios, 16 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas de mujeres. En enero de 2026 ya se contabilizaba una víctima de femicidio y cuatro tentativas.
Ante este panorama, López insiste en que la conmemoración del 8 de marzo no debe limitarse a una fecha simbólica. “Retroceder no, disminuir el progreso no, acobardarse ante una decisión incoherente no”, planteó la también política.
Más de medio siglo de organización femenina ha dejado huellas profundas en la historia del país. El acceso a la educación, la participación en la vida política y la creación de leyes contra la violencia son parte de ese legado.
Aun así, la igualdad plena sigue siendo un horizonte por alcanzar. Las activistas coinciden en que el desafío ahora consiste en consolidar los avances y evitar retrocesos en materia de derechos.
Como advierte López, la memoria de las luchas pasadas sigue siendo un recordatorio de lo que está en juego. “Conmemorar el 8 de marzo en Panamá se ha convertido en una gran sombra, pretendiendo borrar más de 50 años de impulso articulado por las mujeres panameñas sin distingo”.
En medio de avances parciales y retos persistentes, la jornada vuelve a dejar claro que la búsqueda de igualdad, justicia y reconocimiento sigue siendo una tarea colectiva que continúa escribiéndose en Panamá y en el mundo.