La corrupción ha llevado al país a un grado de 'degradación'

La corrupción de funcionarios públicos y gobiernos se ha convertido en una tendencia en Latinoamérica, afectando a las poblaciones más vulnerables gracias a la mala distribución de las riquezas, el mal uso de los fondos públicos y en consecuencia la falta de aprovechamiento de los recursos para el crecimiento del país y la economía con miras a generar fuentes de empleo.

Panamá, no escapa de esta realidad, en los últimos años hemos visto como los casos de supuesta corrupción van en crecimiento, de la mano de un débil sistema de justicia que no satisface el clamor de la gente que pide cero impunidad y privilegios, sobre todo para aquellos servidores públicos involucrados en estos escándalos.

Pero ¿qué es la corrupción y cómo se puede determinar?

El diccionario de la Real Academia Española lo define como: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Juan José Martínez, director del Observatorio Latinoamericano de Gestión y Desarrollo, durante su intervención en el Webinar ‘Buenas Prácticas en la Lucha contra la Corrupción, aseguró que, si en el sistema público se contratasen a personas con verdadera vocación de servicio público, existe una menor pretensión de cometer actos indebidos.

Destacó que el procedimiento de selección y el sistema de carreras de profesionales dentro del sector gubernamental, el brindar información sobre las actividades de los funcionarios y la apertura de la información son factores importantes para disminuir la discrecionalidad y los abusos que podrían darse del aprovechamiento de las posiciones que ostentan las personas.

Aunque en Panamá existen mecanismos de fiscalización y control, además de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, hace falta mecanismos que incentiven a denunciar los actos de corrupción.

En el 2020, desde la bancada independiente se presentó una iniciativa que busca adoptar medidas de protección y regular recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades los delitos contra la administración pública, sin embargo, el proyecto de ley 195, ha corrido con la misma suerte que otros tantos que buscan generar herramientas anticorrupción.

De acuerdo con datos estadísticos del Ministerio Público, durante el 2021, la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción recepcionó 1,660 denuncias, de las cuales 705 eran por delitos contra la Administración Pública.

Para el abogado Ernesto Cedeño la sociedad reacciona de diversas maneras a este fenómeno, debido a que la postmodernidad lleva a las personas a manifestarse en las redes sociales como medio alterno para protestar contra los actos de corrupción.

Sobre el ‘robó, pero hizo’, Cedeño aseguró que existe un descontento en la sociedad porque las personas lo que buscan es que se le solucionen sus necesidades y al sopesar, para bien o para mal, que lo que necesitan es una persona que solucione los problemas por encima de los valores.

“En la última encuesta que se hizo la corrupción no es el problema número uno, lo que he visto que es el número uno es la inseguridad, lo que le toca al panameño. El panameño si bien protesta contra la corrupción, reacciona con mayor ímpetu cuando siente que las acciones le afectan directamente”, manifestó Cedeño.

Señaló que se está viendo como normal ciertas conductas que no son correctas, pensando que como una norma hace legal algo inmoral se pueden beneficiar.

Continuó diciendo que el problema de la corrupción no es un problema de leyes, si no de voluntad, ya que, pueden existir un sin número de leyes anticorrupción, pero si las personas no tienen la voluntad de hacer las cosas bien entonces iremos en decadencia, desde los puestos más bajos hasta el más alto.

“Hemos llegado a un grado de degradación y eso tienen que ver con la voluntad de hacer las cosas bien. Para mí la corrupción no se va a mitigar con exceso de normas, sino con voluntad, el cambio de paradigma para escoger a las personas y tener mejores sistemas de control”, aseveró el abogado.

Según el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, desde el 2012, la calificación que recibe Panamá oscila entre 38 y 36 puntos sobre 100, donde 100 es mejor y 1 es peor. Lo que significa que desde que el país empezó a ser calificado por la organización no ha mejorado su calificación, esto a pesar de las normas aprobadas en este sentido.

Para Martínez es importante que las personas sean conscientes de cuáles son los deberes de los servidores públicos, qué no pueden hacer como administradores de los fondos del Estado, saber detectar los actos de corrupción y sobre todo denunciarlos.