Descentralización Paralela: Roxana Méndez muestra pruebas, cuenta cerrada y fondos bajo la lupa del Ministerio Público
Se estima que, entre 2021 y 2024, se transfirieron unos $320 millones a través de esta estructura paralela.
Panamá/La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, reiteró este jueves que su administración no utiliza la llamada “descentralización paralela”, y como prueba de ello presentó públicamente que la cuenta destinada a ese fin se encuentra actualmente cerrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la entidad, Méndez explicó de manera detallada cómo operaban las transferencias del Programa de Interés Social (PDIS) y mostró que dicha cuenta ya no tiene fondos disponibles. “Como hemos estado informando, cerramos el programa de inversión social y su cuenta no la podemos utilizar más. Es la que se usaba para transferir los fondos que, de lo que se conoce como paralela, se enviaban a juntas municipales y alcaldías”, expresó.
Méndez dijo que el propósito del video era brindar evidencia directa del cierre de la cuenta, en aras de garantizar la transparencia y credibilidad de su gestión: “La transparencia se sustenta con evidencia”.
Cabe recordar que, al asumir su cargo, Méndez confirmó la existencia de una estructura paralela de descentralización utilizada durante la administración pasada, en la que se canalizaron fondos públicos de forma discrecional a gobiernos locales aliados al entonces gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). Esta práctica fue negada repetidamente por el expresidente Laurentino Cortizo y otros miembros de su gobierno.
Como parte de los esfuerzos por clarificar el uso de estos recursos, la AND solicitó informes a todas las juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS. Hasta el martes, se habían recibido 385 informes. Sin embargo, algunos reportes presentan irregularidades o documentación deficiente y han sido remitidos al Ministerio Público, que ya adelanta investigaciones en la materia.
Se estima que, entre 2021 y 2024, se transfirieron unos $320 millones a través de esta estructura paralela, con la supuesta intención de financiar proyectos de infraestructura, salud y educación.
Coincidentemente, ayer miércoles, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público acudía al MEF para continuar recopilando información que permita determinar el uso y asignación de estas partidas hacia las juntas comunales beneficiadas.
